La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, ordenó la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política, luego de que este publicara un video, con doble sentido, en el que aparecía en un carro diciendo “cambio en primera”, lo que fue leído como un apoyo al candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuya aspiración ha sido respaldada por varios funcionarios de esta administración. Incluso, algunos han dejado su cargo a un lado para sumarse a la campaña.

La procuradora Margarita Cabelló fue contundente en su declaración y afirmó que “como procuradora debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias, y así lo estoy haciendo, pero les digo, como exprese el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo, la Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes”.

Ante el vacío jurídico que hay en el país luego de que la CIDH tumbara la sanción que en su momento le fue impuesta justamente a Petro cuando era alcalde de Bogotá, Cabello advirtió que sí tiene la competencia para tomar este tipo de decisión.

“La Procuraduría General de la Nación tiene la competencia legal y constitucional para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluso a los que han sido nombrados por elección popular”, afirmó Cabello al anunciar las sanciones.

Aunque el detonante de la sanción contra Quintero fue un video en el que no es realmente claro lo que quiere decir y la posibilidad de que sea un apoyo a Petro es un lectura entre líneas, Cabello justificó la decisión que acaba de tomar advirtiendo que “los servidores públicos deben tener en cuenta que la participación en política no se reduce a la solicitud expresa de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales y de los medios de comunicación no puede ser instrumento para afectar la imparcialidad de ese proceso”.

Además, explicó que “la democracia tiene reglas y estas deben cumplirse. Mientras no exista una ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y en las controversias políticas sin perjuicios de los derechos previstos en la Constitución y la ley”.

En total fueron cuatro los funcionarios públicos contra los que Cabello anunció las sanciones. Daniel Quintero, alcalde de Medellín; Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, Tolima; Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá, Quindío, y Grenfell Lozano Guerrero, personero del municipio de Nátaga, Huila.

El asunto es espinoso y la pelea por esta suspensión apenas empieza. A los pocos minutos de conocer la decisión, Quintero publicó un mensaje en Twitter en el que advirtió: “Ha iniciado el golpe de Estado en Colombia”.

Lo que pone sobre el tapete la posibilidad de que, como ocurrió en su momento con la sanción contra Petro, Quintero use las mismas estrategias de defensa de su cargo e incluso apele a instancias internacionales para no permitir que lo saquen de su cargo.