El Ejército Nacional confirmó a SEMANA que son diez los soldados que estarían implicados en las intimidaciones que sufrieron los pobladores de Tierralta, Córdoba. Ellos fueron evacuados hacia Montería, donde enfrentarán las investigaciones por las supuestas irregularidades que habrían cometido.
Los uniformados están adscritos al Batallón de Infantería n.° 33 Batalla de Junín de la Décima Primera Brigada, quienes se desplazaron hasta la vereda El Manso tras ser advertidos sobre la supuesta presencia de hombres armados con el propósito de “brindar seguridad a los habitantes del sector”.
Sin embargo, en circunstancias que están siendo investigadas, habrían cometido actos de violencia contra la población civil. La escena quedó registrada en un video que le da la vuelta al país: en este se observa a sujetos desconocidos amenazar a los habitantes con fusiles. Inicialmente, se señaló a las disidencias de las Farc y luego tambaleó esa hipótesis.
El Ejército Nacional divulgó un comunicado en el que admitió que, posiblemente, los protagonistas del incidente serían sus hombres. Para esclarecer los hechos en los que estarían involucrados diez militares, la institución desplazó a una comisión inspectora para verificar “los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad”.
Más entidades le podrán la lupa al caso. El fiscal Francisco Barbosa anunció que el ente de acusación adelantará los actos urgentes e interrogará a más de 30 miembros del Ejército Nacional por los hechos ocurridos en el municipio de Tierralta, en Córdoba, donde militares intimidaron a pobladores.
El funcionario señaló que la entidad realizará todas las actuaciones pertinentes, pese a los obstáculos que se puedan presentar desde diferentes sectores. En ese sentido, indicó que en total serán 30 soldados, dos suboficiales y un oficial los que serán llamados a declarar, solicitud que ya se efectuó.
“El presidente de la República señaló que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería un error militar de la fuerza pública y dice que eso no puede pasar en su gobierno, estoy de acuerdo. Sería muy grave que en el gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país”, dijo.
El fiscal le envió un duro mensaje al presidente y al Gobierno, recordando que las funciones de investigación no están en cabeza del Ejecutivo, sino que corresponden a la Fiscalía General de la Nación.
“He venido insistiendo durante este año, que no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la hará la Fiscalía General de la Nación, y no vamos a permitir tampoco que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”, aseveró.
Barbosa comentó que es importante recordar que en esta zona hay presencia de una subestructura criminal del Clan del Golfo y que actualmente se tienen 83 órdenes de captura en contra de sus miembros.
“Es importante que la Policía y la fuerza pública estén al frente de esas capturas en zona rural para sacar a los criminales y no para atemorizar a la ciudadanía. No podemos volver a las épocas del paramilitarismo, como el mismo presidente de la República lo señaló el día de hoy”, expresó.
También una comisión disciplinaria extraordinaria de la Procuraduría General se trasladó de manera urgente al municipio de Tierra Alta (Córdoba), para investigar los hechos de violencia de la que fue víctima la comunidad en la vereda Bocas de Manzo.