Líderes sociales de la capital de Antioquia denunciaron que algunas estructuras ilegales que están montadas en la ‘paz total’ habrían ordenado cerrar los establecimientos comerciales de los barrios a modo de protesta por dificultades en la negociación.
Al parecer, unos cabecillas no estarían conformes con las reglas del juego que ha planteado el Gobierno nacional. Mucho menos se sentirían respaldos por los ciudadanos que están tramitando la conversación, dado que se mantienen disputas internas.
Este escenario se percibió en sectores del noroccidente, donde se concentra la actividad delincuencial de ciertos grupos, así lo verificaron unidades de la Policía este 28 de febrero. La zozobra se apoderó de los empresarios, pero no se atrevieron a denunciar la situación.
Cuando las autoridades se desplazaron a las zonas afectadas, referenciaron que las intimidaciones llegaron por medio de las redes sociales y conversaciones entre colegas, extendiéndose con fuerza por las calles. Sin embargo, no tenían presente al emisor.
Es decir, las peticiones pasaron de voz a voz y se cumplieron al pie de la letra, pese a la presencia de la fuerza pública. Lo que no pudo comprobar la Policía Metropolitana es si los mensajes fueron de los grupos ilegales y si tuvieron relación el proyecto de ‘paz total’.
La queja fue reforzada por Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín y precandidato a la administración distrital. Supuestamente, la orden de los delincuentes fue no prestar el servicio entre las ocho de la mañana y la una de la tarde del martes.
Así lo relató por medio de su cuenta de Twitter: “Recibo con preocupación información muy delicada. Según varias personas del noroccidente de la ciudad, en particular en Castilla, estructuras criminales dieron la orden de suspender las actividades comerciales”.
También fue advertido que este escenario estaría justificado en una protestas por el proceso de paz que está adelantando la oficinal del alto comisionado para la paz con doce grupos que operan en la ciudad de Medellín y los otros municipios del Valle de Aburrá.
Con base en la alerta que compartió, estas órdenes se habrían dado para presionar la conversación con el Gobierno a razón de que reclaman por una supuesta falta de celeridad en el proceso que, en su mayoría, se gestiona desde los centros penitenciarios.
Todo esto “para generar escenarios de protesta en contra de la lentitud del Gobierno nacional con la ‘paz total’. Esto es lo que pasa cuando, sin ningún tipo de prevención, se sientan a negociar con ellos. En contra de la gente, los bandidos de Medellín”, concluyó.
Paralelamente a esta situación, otros habitantes salieron a las calles de la ciudad para reclamar espacio en el “partido de fútbol” que arrancó el Gobierno con las estructuras ilegales. Les inquieta, sobre todo, la presencia de las víctimas del conflicto en el diálogo.
La oficina del comisionado relató que el pasado 13 de febrero las doce organizaciones reiteraron la disposición de paz frente a su equipo de trabajo y un senador de la República. Junto a los facilitadores se tomó la decisión de dar un paso hacia adelante.
“A través de sus siete facilitadores, las 12 estructuras reiteraron su voluntad de hacer parte de la paz urbana. Las 12 estructuras manifestaron su disposición de pasar de la fase de exploración y acercamientos a una fase dialógica”, afirmó en un comunicado.
Paralelamente, con el respaldo de varias instituciones de educación superior, se acordó el desarrollo de foros en el Valle de Aburrá para debatir sobre las transformaciones sociales para complementar el proyecto que está impulsando el Gobierno con los grupos ilegales.
Se conoció que las puertas de esa discusión en la subregión estarán abiertas para varios sectores de la sociedad que tengan el interés de aportar a la construcción de la paz territorial. Por ejemplo, organizaciones civiles, económicas, políticas e institucionales.