Seis municipios de Antioquia están sometidos al Clan del Golfo y Los Caparros. Ambas organizaciones armadas tienen una guerra activa en el Bajo Cauca del departamento para acaparar los negocios del microtráfico, la ubicación que tienen sobre el mapa y la extracción de minas. La Defensoría del Pueblo pide atenciones urgentes para la subregión.

La maximización de las rentas criminales hoy tiene en disputa a los hombres que están enfilados en el grupo de Roberto Vargas Gutiérrez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia frente a los sujetos que se desligaron de esa organización en el pasado: los temidos Caparros que están tomando fuerza en las poblaciones de El Bagre y Caucasia.

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia reveló que el Clan del Golfo es el que tiene el dominio del territorio y los otros están tratando de recuperar lo que sostuvieron hace varios años, tanto en las zonas rurales como urbanas. Ejemplo de eso son el incremento de homicidios en los barrios y veredas.

Las batallas a muerte las sostiene en las montañas que conducen de Antioquia hacia Córdoba, también en las inmediaciones del río Cauca. Según el Ministerio Público, los campesinos han denunciado que por el caudal son arrastrados cadáveres y otros son abandonados en las carreteras sin dolientes que podrían estar asociados al conflicto.

La población civil está en medio de las confrontaciones armadas. En las personerías de Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Nechí y Cáceres hay reporte de desplazamientos forzados. También la Policía Nacional ha reportado homicidios múltiples y la población ha alertado sobre desapariciones y torturas, en la última semana ocurrieron cuatro casos.

“Ninguna persona merece morir de forma violenta, y menos ser desaparecida”, fueron las palabras del defensor de los derechos humanos en El Bagre, Juan Gabriel Rodríguez. Lo mismo afirmó el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento Ortiz: “En el Bajo Cauca nos resistimos a convivir permanentemente con el conflicto”.

Ambas voces le pidieron a los organismos departamentales y nacionales tomar acciones concretas para frenar la ola de violencia que hoy tiene a varios campesinos confinados. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también se unió al pliego de peticiones que lanzan con temor los líderes sociales desde esta subregión de Antioquia.

“Urge prevenir la consumación de escenarios de riesgo que puedan derivar en graves afectaciones a la población civil y posibles vulneraciones a los derechos humanos, por lo cual les reiteramos la importancia de acoger las recomendaciones de las Alertas Tempranas 045 de 2020 y 04 del 2022″, aseguró el defensor Camargo.

Él señaló que un equipo de la Regional Bajo Cauca Antioqueño del Ministerio Público le ha hecho seguimiento a la situación crítica de las comunidades. En los últimos diez días, por ejemplo, en el municipio de El Bagre se presentaron once muertes violentas -entre una masacre- y en Caucasia otras seis personas murieron por impactos de bala.

“Reiteramos nuestro llamado a los grupos armados ilegales a respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y mantener por fuera de toda acción violenta a la población civil. Urgen gestos de paz por parte de los grupos armados”, aseguró el defensor del Pueblo en las redes sociales de la entidad.

La oficina del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, también le solicitó coherencia al Clan del Golfo con motivo de los diálogos que se plantean adelantar con esa organización ilegal, quien planteó un tránsito a la legalidad con el sometimiento. Así las cosas, desde el pasado 7 de agosto el grupo estaría en un cese al fuego que en Antioquia no se ha sentido.

Este escenario crítico también se replica en las subregiones del norte nordeste antioqueño. Allá los protagonistas son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La semana pasada se reportó el secuestro de dos líderes sociales, uno de ellos fue asesinado a manos de los ilegales.