La Policía Nacional logró la detención de dos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que servían de conexión entre este grupo con las organizaciones ilegales que delinquen en la comuna Villa Hermosa de Medellín.
Tras seis meses de intensa investigación judicial se obtuvo la detención de alias Chema, de 45 años, y alias Mono Rato, de 27. En la carpeta de seguimiento reposa información que los vincula con un presunto atentado que se estaría planeando en contra de la fuerza pública y que se ejecutaría en el barrio La Sierra de la capital antioqueña.
José Gerardo Acevedo Ossa, secretario de Seguridad y Convivencia, detalló que este operativo es el resultado de un “trabajo articulado y coordinado en contra de estas estructuras criminales. Se hizo una investigación muy seria y juiciosa”.
Al parecer, los dos señalados venían huyendo de la presión que las autoridades han liderado en la subregión del Urabá, zona dominada por el Clan del Golfo y donde fue capturado su máximo jefe, alias Otoniel.
Los operativos
La captura de alias Chema tuvo lugar en el barrio Campo Valdés. Le incautaron dos armas de fuego, dos armas traumáticas modificadas, 22 cartuchos calibre 9 milímetros, un celular, una cédula falsa, una licencia de conducción falsa y siete libros de contabilidad.
Con base en los estudios de la Policía Judicial, él se desempeñaba como enlace de un grupo criminal del centro oriente de Medellín mediante la modalidad de outsourcing para la coordinación de las actividades criminales.
Por su parte, alias Mono Rata sería el líder de narcotráfico en el corregimiento El Tres, del municipio de Turbo, cargo que asumió tras el operativo Jaguar donde se disminuyó la red de comandancia de las AGC en esta localidad del Urabá.
Ambos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Otro resultado
La Policía Nacional capturó a cinco personas que ingresaron violentamente a una vivienda de la capital antioqueña, donde intimidaron con armas de fuego a tres menores de edad para que entregaran, sin reparos, los objetos de valor de la residencia.
El incidente se presentó en el barrio San Javier de Medellín. Allí los niños estaban bajo el cuidado de un adolescente de 17 años, que no tuvieron una posibilidad distinta a ceder a las pretensiones de la banda delincuencial.
De acuerdo con la denuncia instaurada por la madre de las víctimas, dos mujeres y cinco hombres ―entre ellos una joven de 15 años― ataron y golpearon a las personas que estaban al interior de la casa para llevarse una serie de objetos (avaluados en cinco millones de pesos).
Mientras les apuntaban con dos pistolas, los ilegales sacaron de las habitaciones de los niños un televisor, cuatro celulares, joyas, dinero en efectivo y tres equipos de Xbox.
Una hora después de que se presentara el incidente, fue la pericia de los uniformados de la Policía Nacional lo que permitió la desarticulación de la organización a la altura del barrio Boyacá las Brisas, en la zona noroccidental de la ciudad.
“La patrulla del cuadrante observó un grupo de personas con actitud sospechosa, por lo cual fueron requeridas inicialmente para un registro, hallando dos armas traumáticas tipo pistola y un revólver”, contó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Javier Josué Martín Gámez.
Sin embargo, ante el descubrimiento, las autoridades ordenaron la inspección de dos vehículos donde transportaban los elementos robados minutos antes en la comuna 13 de Medellín.
Frente a los cuestionamientos de la Policía, los delincuentes dijeron que se estaban mudando y que no correspondía a ninguna situación ilegal.
Pero la sospecha no paró y las indagaciones continuaron. A través del sistema radial de la fuerza pública, las unidades en terreno verificaron que el grupo de personas había protagonizado un violento robo.
“De inmediato, cinco personas adultas, tres de ellas hombres y dos mujeres y una adolescente aprehendida, fueron trasladadas a la Seccional de Investigación Criminal, donde se encontraba la víctima, quien además de reconocer los elementos hurtados, les formuló la respectiva denuncia”, agregó el comandante.
La queja fue instaurada por cometer los delitos de hurto calificado, secuestro simple, instrumentalización de menores para cometer delitos y porte ilegal de armas de fuego.
Luego de las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos, cuatro de los señalados fueron enviados a la cárcel por un juez y los restantes fueron dejados en libertad.