Un juez envió a la cárcel a un joven identificado con el alias de Paila, señalado de atemorizar a la población del occidente de Antioquia con intimidaciones y extorsiones que habría hecho como emisario del Clan del Golfo.
La información suministrada por la Fiscalía General de la Nación da cuenta que la mayoría de las víctimas estaban ubicadas en los municipios de Caicedo y Santa Fe de Antioquia, territorio dominado por la subestructura de Edwin Román Velásquez Valle de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
En el expediente que conoció SEMANA, se lee que las personas que más habría azotado durante los últimos años serían los comerciantes, transportadores y pobladores con poder adquisitivo en la región.
Con mensajes amenazantes les habría hecho exigencias económicas para patrocinar el accionar criminal del grupo delincuencial.
El procesado fue capturado mediante una diligencia de allanamiento y registro realizado por el personal del Cuerpo Técnico de Investigación del ente acusador y por miembros del Gaula Militar en una finca ubicada en la vereda El Chispero, de Medellín.
Luego de la evidencia recolectada, se le imputaron los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Si bien los cargos no fueron aceptados por el supuesto integrante del Clan del Golfo, estará recluido en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra.
Desmantelan red que desde Antioquia enviaba esclavas sexuales a España
Por otra parte, en otro operativo de la Dijín de la Policía y la Fiscalía, fueron capturados siete integrantes de una red de trata de personas que engañaba a mujeres jóvenes con falsas ofertas de trabajo para convertirlas en esclavas sexuales en España.
Con la ilusión de una nueva oportunidad laboral en el país europeo, las mujeres de diferentes municipios de Antioquia aceptaban la supuesta oferta laboral, pero, cuando llegaban a España, les quitaban los documentos y las obligaban a prostituirse para pagar los gastos de manutención y tiquetes aéreos.
Tres miembros de la banda Los Pachelly fueron judicializados, además de tres colombianos y un español en Santiago de Compostela y Plasencia, que eran sus enlaces en el país europeo.
El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Javier García Trochez, explicó que, “entre los judicializados en Colombia está el cabecilla, Miguel Antonio Giraldo, alias Antonio, que sería el encargado de financiar el traslado de las mujeres a España y ejercer amenazas para obligarlas a cumplir con las cuotas de los servicios sexuales”.
Señala la investigación de la Fiscalía que las víctimas eran sometidas a castigos y multas cuando no cumplían las órdenes sexuales.
Las ocho trans que “pelaban” los bolsillos de extranjeros
Mientras ofrecían servicios sexuales a peatones y en calles de El Poblado en Medellín, las mujeres trans, ahora capturadas, en cuestión de segundos desocupaban los bolsillos de las víctimas. En video quedaron registradas las ocho mujeres trans en su actividad criminal y cómo definían roles para completar los hurtos.
Los atracos a las víctimas son espeluznantes. Los peatones, en su mayoría turistas extranjeros, se ven sorprendidos por las mujeres trans que se acercaban con familiaridad, cortesía y coqueteo. Los turistas no se percataban de la trampa en la que estaban cayendo, pues de un momento a otro estaban rodeados por enormes damas que con la fuerza de un hombre los sometían.
Además de las agresiones físicas, entre los integrantes de este grupo de atracadores estaban quienes alertaban de la llegada de la Policía y otros que con armas blancas amenazaban a las víctimas, que no tenían más remedio que dejarse esculcar y desocupar los bolsillos, hasta les quitaban las monedas.
“De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), entre el 4 de octubre de 2020 y el 9 de mayo pasado las procesadas habrían hurtado a por lo menos 19 transeúntes de la zona rosa del barrio El Poblado, sur de Medellín”, señaló Natalia Rendón, directora seccional Medellín.
Gracias a los videos de seguridad que logró recaudar la Fiscalía a lo largo de la investigación, con el apoyo de la Policía Nacional, se pudo demostrar la participación de todos los integrantes de esta organización criminal en los hechos de hurto registrados y denunciados por las víctimas. A partir de esa evidencia, la Fiscalía imputó, además de los delitos de hurto calificado y agravado, el de concierto para delinquir.