Este mes se venció el plazo que le dio la Corte Suprema de Justicia a la Alcaldía de Medellín para construir una cárcel metropolitana ante los altos índices de hacinamiento que hay en los centros de detención de la ciudad. Sin embargo, apenas en enero saldría a licitación el proyecto.

Hace tres años se pidió la edificación ante los clamores de los defensores de derechos humanos para mejorar las críticas condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en esta región del país. Por ejemplo, unos detenidos duermen encima de los otros.

De acuerdo con los cálculos de la entidad que gestiona las alianzas público - privadas en el distrito, la proyección de la iniciativa está avaluada en más de 45.000 millones de pesos que se conseguirían a través de vigencias futuras, con el aval de los integrantes del Concejo de Medellín.

La Secretaría de Hacienda presentará el proyecto en las próximas semanas en la corporación, con el fin de recibir el visto bueno y cumplir con la orden que emitió la Corte. Si este es conseguido, arrancaría la recepción de propuestas de construcción para luego ser adjudicadas.

“La estructuración está lista, las aprobaciones están listas, tenemos el valor listo y ya estamos en las tratativas para ir al Concejo a pedir las vigencias futuras. Una vez nos aprueben, [en] las sesiones de noviembre, empieza la licitación”, dijo Rodrigo Foronda, director de esta unidad.

Aunque a este centro penitenciario llegarían personas de toda la subregión, la inversión sería asumida por la administración distrital. Sin embargo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entregó 5.000 millones de pesos para la compra del terreno y para costear la factibilidad.

Si bien se incumplió con los tiempos asignados por la Corte Suprema de Justicia, en la Alcaldía confían en que no se enfrentará a consecuencias legales a razón de que las entidades que vigilan el cumplimiento de la orden son testigo del avance que ha tenido el proyecto.

Pero el defensor de derechos humanos de la población carcelaria, Jorge Carmona, denunció que los mandatarios locales que han pasado por los últimos diez años por la ciudad le han restado importancia a la crisis que actualmente se mantiene en el sistema, prolongado desde el 2013.

“El incumplimiento es una muestra de pura negligencia. Las demoras son de esta administración y las otras. Es un problema que está hace mucho tiempo y no le prestan atención. Acá necesitamos la atención y respeto para las personas privadas de la libertad”, dijo el veedor ciudadano.

A él le preocupa que los diseños de la nueva cárcel metropolitana, que estará ubicada en las inmediaciones de El Pedregal, se quede pequeña a razón de que la ocupación sería para más de mil reclusos cuando hay tres mil distribuidos en los calabozos del Valle de Aburrá.

De acuerdo con los análisis adelantados por la Personería de Medellín, el hacinamiento en los centros de detención transitoria supera el 800 por ciento de su capacidad. La grave situación se identificó en las estaciones de la Policía, unidades de reacción inmediata y salas de paso.

Con corte al 7 de octubre, en esta región del país están recluidos por fuera de los centros carcelarios cerca 1.801 ciudadanos mientras llegan sus sentencias. En los penales no han sido acogidos porque también están a reventar, la sobreocupación es del 98 por ciento.

La condición más crítica se mantiene en las instalaciones de la Sijín. Si bien hay camas para veinte personas, en este momento las autoridades están atendiendo a 397. El Ministerio Público entregó la siguiente cifra: la sobrepoblación es del 1.885 %.

Ese escenario también se repite en el resto de los espacios que están siendo destinados para esta población, conforme al informe emitido en las últimas horas por la Personería Distrital de Medellín: Comuna 1 Popular (820 %), Belén (740 %), El Poblado (700 %), Doce de Octubre (567 %), San Javier (480 %), Laureles (403 %) y Castilla (380 %).