Las autoridades le dieron un golpe contundente a la criminalidad, así se vio evidenciado con la captura de cuatro personas que, al parecer, serían pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Se les acusa de ser responsables por los delitos de extorsión a comerciantes, homicidios, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.
En el marco de este operativo, las autoridades destacaron la captura de Julio Cesar Sáleme Narváez, “sería el cabecilla del Componente Criminal Focalizado de la Subestructura Javier Yepes Cantero, quien cuenta con una trayectoria criminal de 18 años, y quien habría asumido en enero del 2023 el rol de cabecilla; tenía bajo su mando 158 integrantes en armas, y era el responsable del tráfico de estupefacientes, cobro de extorsión y homicidios”, indicó el general José Luis Ramírez Hinestroza, director de Investigación Criminal e Interpol.
La segunda captura que se destaca en esta operación fue la de Omar Gregorio Pérez, alias Kiko, quien sería cabecilla de zona en Ciénaga de Oro y el municipio de Cerete, y quien tiene una trayectoria criminal de 20 años.
“Inicio en 2003 como integrante del Bloque Mineros de las extintas AUC, para el 2023 es designado cabecilla de zona en el municipio de Ciénaga de Oro. Es presunto responsable de homicidios y cobro de extorsiones en la zona y tenía bajo su mando 20 integrantes en armas”, dijo el general Luis Ramírez.
Atención: 10 militares involucrados en el violento hostigamiento a civiles en Tierralta, Córdoba, fueron retirados del servicio de manera urgente y “discrecional”
Tal como lo anticipó SEMANA, son diez los militares que están comprometidos con las intimidaciones que sufrieron los pobladores de Tierralta, Córdoba. Todos fueron retirados del servicio para que rindan explicaciones ante las autoridades.
Así lo anunció el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien detalló que, 48 días antes del incidente, los protagonistas habían recibido formación en derechos humanos y tenían elementos para prevenir las presuntas violaciones.
“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, anunció el alto mando desde Montería.
Así las cosas, los supuestos responsables de las amenazas que recibieron los campesinos de Tierralta no podrán portar armas. Mientras que los mandos que tenían el control de la unidad no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo ni de inteligencia.
Frente al desarrollo de las investigaciones, el general Ospina anticipó que las conductas disciplinares serán asumidas por la Procuraduría, mientras que la Justicia Penal Militar abrió una carpeta por el delito de abuso de autoridad especial, en averiguación de responsables.
El comandante también advirtió: “En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”.
¿Quién disparó al helicóptero?
El Clan del Golfo es el responsable del ataque armado contra el helicóptero del Ejército Nacional que transportaba una comisión integrada por representantes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo a Tierralta, en Córdoba. Así lo confirmó el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina.
Las autoridades realizaron una exhaustiva revisión técnica del helicóptero, y los indicios apuntaron hacia el Clan del Golfo debido a la ubicación del incidente, el tipo de disparo y otros elementos que apuntan a su implicación en el ataque, que causó daños y pánico entre los involucrados.