En el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, las autoridades y organizaciones de derechos humanos prendieron las alarmas debido al desplazamiento forzado de 57 personas por parte de grupos armados. Al parecer, estos grupos se estarían disputando el control de rentas ilícitas producto de la minería ilegal y cultivo de coca en la vereda Los Mangos, específicamente en los sectores San Pablo, San Pedro y Bejuquillo.

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, denunció que debido al enfrentamiento las familias huyeron hacia el casco urbano, donde se están refugiando actualmente. El cruce de balas presuntamente sería entre el Clan del Golfo y el ELN.

“Reiteramos el llamado al Gobierno nacional y departamental para que atiendan de inmediato esta situación y realicen los primeros oficios urgentes con el fin de evitar que ocurran situaciones más complejas. Cabe recordar que a través de una alerta temprana, la Corporación Justicia al Derecho y la ONG Human Rights International manifestaron que desde 2020 se han presentado por lo menos 33 casos de desaparición”, manifestó Zapata.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo le ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno para que intervenga urgentemente en el Bajo Cauca antioqueño, tras la ola de violencia desmedida que azota esta zona y el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH en contra de la población civil.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que “es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener esta violencia”. También les solicitó a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región.

A la Defensoría del Pueblo le preocupa la sevicia utilizada por los grupos armados delincuenciales que se disputan el control territorial. Según los reportes recogidos, en agosto se presentó la masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones. Incluso, se conoce el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto.

Al borde del río Nechí no es un secreto el enfrentamiento a muerte que sostienen los integrantes de Los Caparros frente a los del Clan del Golfo por el control territorial. Aunque en el pasado fueron buenos amigos, hoy se reconocen como férreos enemigos que no pueden pisar el mismo suelo de la delincuencia.

La frontera invisible está puesta sobre el corregimiento Cuturú de Caucasia y las veredas de Puerto Claver en El Bagre. Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional reconocen que ambos bandos están en un tire y afloje violento por acaparar extorsiones, minería ilegal y tráfico de estupefacientes en las zonas urbanas y rurales de la subregión.

En las últimas tres semanas se ha presentado un incremento en los homicidios selectivos y desplazamientos, asociados a las confrontaciones armadas. Con base en los índices de la institución, hasta agosto, ambas poblaciones sumaron 53 muertes violentas. Recientemente, se reportaron dos homicidios múltiples y un cadáver decapitado.

Los números que están más frescos estarían relacionados con la salida de la cárcel de alias Negro Cristián, el supuesto fundador de Los Caparros, que fue cobijado el pasado 17 de agosto con una medida de aseguramiento en su residencia por orden de un juzgado de Antioquia, después de haber estado en una cárcel desde el 6 de noviembre de 2019.

Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de seis alertas tempranas para la región del Bajo Cauca. De estas, cinco han sido de inminencia y una estructural. En la actualidad se encuentra vigente la Alerta Temprana 045-2020, en la cual se advierte el riesgo para la población civil por las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, Los Caparros, el ELN y las disidencias de las Farc.