La Defensoría del Pueblo confirmó que cinco municipios del departamento del Chocó se encuentran en confinamiento desde la mañana de este 15 de diciembre por cuenta del paro armado que impuso la guerrilla del ELN en esa zona del país.

Si bien el panfleto que circula cita que la medida de restricción a la movilidad por los ríos está activa desde las seis de la tarde, en algunos sectores ya empezó a operar la acción delincuencial: los guerrilleros están instalados a las orillas de los afluentes con armas.

El terror tiene encerradas a las poblaciones de Nóvita, Litoral de San Juan, Sipí, Medio San Juan e Istmina. Sin embargo, con el paso de las horas, otras comunidades se empezarían a autoconfinar porque esperan fuertes confrontaciones de la guerrilla con el Clan del Golfo.

La preocupación de las autoridades es que las organizaciones armadas no están respetando los derechos humanos. En el territorio se han reportado homicidios selectivos, secuestros, amenazas, reclutamientos y desplazamientos por cuenta de la presencia ilegal.

El defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo Robledo, denunció que son tres los elementos que están obligando a los habitantes a privarse de circular por los afluentes del departamento y, con ello, frenar la recolección de alimentos y el acceso a la salud.

“En los últimos dos años ha aumentado significativamente la siembra de artefactos explosivos, los actores armados están en confrontación entre los propios civiles y las fuertes amenazas no paran contra los habitantes”, comentó el funcionario.

Prueba de ello sería el homicidio de un reconocido líder de la zona rural del municipio de Istmina, identificado como Santiago Felipe Cáceres Murillo, quien fue baleado por presuntos integrantes del Clan del Golfo y su cadáver no ha podido ser evacuado por el paro armado.

Es decir, además de las intimidaciones del Ejército de Liberación Nacional, en el terreno también está la actividad criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hace llamar el grupo que comandó Otoniel, hoy detenido en Estados Unidos.

Los personeros de los pueblos que hoy están confinados revelaron que, en las últimas horas, hay evidencia de fuerte presencia de sujetos vestidos con los uniformes que representan a cada bando. La presión también está siendo impuesta por el Clan del Golfo.

“Esto no es un escenario nuevo. Las alertas tempranas de la Defensoría han advertido sobre la vulneración de los derechos en Chocó. Los civiles están llevando de lo peor. Hoy la situación se está agravando en este departamento”, agregó el defensor Murillo Robledo.

En algunas comunidades indígenas no hay ni un grano de sal porque los delincuentes no permiten que a las veredas entren elementos de la canasta básica familiar. Tampoco facilitan el ingreso de la misión médica porque los perciben como una amenaza.

Las unidades que integran la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en varias ocasiones han tenido que cancelar los operativos contra el ELN y el Clan del Golfo en esa zona del Chocó, dado que se camuflan fuertemente armados entre las propias comunidades.

Fuentes del Ejército Nacional le confirmaron a SEMANA que en las embarcaciones que usan los guerrilleros para transportarse por los ríos de Chocó montan a mujeres y menores de edad porque reconocen que la Fuerza Pública no los puede atacar.

Las condiciones de seguridad son críticas. Por ejemplo, desde hace 28 días los cadáveres de siete presuntos ilegales están abandonados sobre una montaña del municipio de Alto Baudó porque la Fiscalía no cuenta con las garantías de seguridad para recuperarlos.

El anuncio del paro armado del ELN causa terror a razón de que la acción criminal que protagonizaba estaba bajando considerablemente en los sectores donde delinque, pero se afilaron los dientes después de terminar el primer ciclo de negociaciones entre esa guerrilla y el Gobierno nacional.