En un supuesto comunicado firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en las montañas de Antioquia dejan por sentado que sus integrantes no estarían violando el cese al fuego que pactó con el Gobierno en medio de las negociaciones de la ‘paz total’.
Se conoció el anuncio luego de que el gobernador Aníbal Gaviria Correa denunciara ante la opinión pública el incumplimiento de este mecanismo. Entre tanto, por los hombres que comandó Otoniel. Ellos son señalados de homicidios y secuestros, pese al acuerdo.
El mensaje tiene el sello del brazo armado de Edwin Román Velásquez Valle que es liderado por alias Chicharro, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, y sus miembros delinquen en la subregión del occidente del departamento.
Los emisores de la carta relataron que, de mala fe, algunos medios de comunicación han difundido información que los vinculan con alteraciones de orden público que no protagonizaron en el territorio donde operan y figuran como la única fuerza ilegal.
Hacen referencia a los disparos que recibieron las unidades de la Policía Nacional en los yacimientos mineros que están localizados en el municipio de Buriticá, en este sector se ha identificado la presencia y mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Sin embargo, culparon a los trabajadores del sector de estar armados y atentar contra la Fuerza Pública: “Ha sido divulgada de mala fe que nuestra organización tiene responsabilidad sobre unos ataques armados que han hecho mineros a la Policía”.
Luego mostraron rechazo por este comportamiento que calificaron como “reprobable” y entregaron luces de lo que estaría detrás de los señalamientos: “Lo que tratan estos falsos rumores es de ocultar a los verdaderos responsables de los hechos”, dijo el Clan del Golfo.
Frente a estos hechos y las quejas de la Gobernación de Antioquia, respondieron que están respetando el cese al fuego de manera integral entre las Fuerzas del Estado, siendo uno de los brazos armados que más atacó a la Policía y Ejército en el plan pistola.
Pero se reconoció el secuestro de dos excombatientes de las Farc en la zona rural del municipio de Ituango el pasado martes 24 de enero, entregados en las últimas horas a la Cruz Roja como un gesto “de paz”, según lo manifestó el vocero de la organización.
Vale la pena aclarar que el cese al fuego del que se hace referencia está activo desde el 1 de enero de 2023 y se extiende hasta el 30 de junio del mismo año, conforme al sorpresivo anuncio que emitió el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre.
Esto vincula a cuatro organizaciones armadas ilegales: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y grupo Sierra Nevada; mientras que el ELN se desligó del acuerdo. Las dos primeras delinquen en Antioquia.
En lo fundamental, se aclaró que el cese tiene como objetivo principal “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico – territoriales y campesinas y a la Nación”, indicó la Casa de Nariño.
También frenar las “acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley mencionadas”. Excepto con el Ejército de Liberación Nacional, quien desconoció haber llegado a un consenso con el Gobierno.
Ahora bien, se detalló que el cese al fuego bilateral con los actores ilegales tiene un equipo riguroso que trabaja en la verificación de su cumplimiento, a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, OEA, Defensoría del Pueblo y representantes de la iglesia católica.
“Por el momento, no se contempla el cese del fuego con otras organizaciones. El Gobierno hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales, para tomar futuras decisiones, como parte del compromiso de la paz total”, concluyó.