En un comunicado que le fue atribuido a las personas que están enfiladas en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hace llamar el Clan del Golfo, se refirieron al secuestro de una comitiva judicial que se desplazaba por las vías de Antioquia.
La unidad estaba integrada por tres funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y una secretaria de despacho, que prestaban sus servicios en el municipio de Tarazá. Ellos fueron detenidos de manera irregular por los sujetos que comandó alias Otoniel el 3 de febrero.
La interceptación se dio cuando se movilizaban entre esta población del Bajo Cauca hacia la ciudad de Medellín, a la altura del municipio de Valdivia. Al menos diez delincuentes se abalanzaron sobre ellos y les vulneraron sus derechos, según el ente de acusación.
Los integrantes del bloque Roberto Vargas de esta organización armada ilegal advirtieron que el propósito de la incursión delincuencial nunca fue “secuestrar” a los investigadores, contrariando los señalamientos que protagonizó el propio fiscal Francisco Barbosa.
Esa supuesta posición la asumieron porque, con base en sus palabras, no están de acuerdo con las retenciones ilegales. Sin embargo, varias denuncias los involucran con este delito a lo largo y ancho del departamento de Antioquia, Córdoba y Chocó.
Así lo plasmaron en el comunicado que tiene el sello de las ACG: “Nuestra organización rechaza esta práctica terrorista e inhumana dentro del conflicto político social y armado en nuestro país”, aparentemente escribieron los integrantes de este brazo criminal.
Más abajo, el Clan del Golfo formuló cuatro puntos, relatando cómo se generó el secuestro de la comitiva judicial. En primer lugar, presuntamente, los ilegales recibieron una alerta de la comunidad sobre un grupo de ciudadanos que estarían alterando el orden público.
Al parecer, se les contó que las personas, que se movilizaban en un automóvil, estaban estafando con oro falsificado. Ellos recibieron las características del carro y, en medio de su recorrido, le frenaron el paso en Valdivia durante tres horas, según las Autodefensas.
“Se procedió a verificar la información y la identidad de las personas retenidas. Al conocer que se trataba de personas de bien y ajenas a los hechos, se le respetaron sus derechos y garantías constitucionales, como haríamos con cualquier ciudadano”, agregaron.
Los ilegales justificaron que, en ningún momento, los fiscales fueron víctimas de malos tratos y no se les pidió dinero para condicionar su libertad. Así las cosas, frente a este escenario, consideraron que la situación no podría tipificarse como un acto delictivo.
Estas palabras han causado indignación en el país por la crudeza en la que se asume el incidente en Valdivia: “Nunca fue nuestra intención retenerlos a cambio de nada ni amenaza alguna, más que la de brindar seguridad y tranquilidad a nuestras comunidades”.
Aunque la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de cerrar de manera provisional la sede que tiene en el municipio de Tarazá porque sus funcionarios no cuentan con las garantías de seguridad, los hombres del Clan del Golfo los invitó a regresar.
“Los instamos a trabajar desde sus despachos sin temor alguno, antes necesitamos que cumplan con sus funciones públicas dentro de los territorios”, sugirieron los sujetos. Mientras que la fuerza pública ofreció mecanismos de protección para el retorno.
Las personas del bloque Roberto Vargas, coordinado por alias Gonzalito, cerraron el comunicado refiriendo que, ante la emergencia, les ofrecieron disculpas a las personas que secuestraron durante tres horas. Además, lanzaron un temeroso ultimátum.
“Velamos por la seguridad y el respeto de nuestras comunidades más vulnerables en el uso legítimo de la defensa individual y colectiva, por lo que jamás abandonaremos el clamor de nuestras comunidades donde nos quieran”, concluyeron los ilegales.