En un extremo de las montañas del nordeste antioqueño están los hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en el otro lado, el Clan del Golfo. Desde la derecha lanzan disparos y en la izquierda responden sin piedad. En la mitad de los bandos están los campesinos, quienes escuchan desde sus parcelas el estruendo de las balas.

Secuestros, desplazamientos, extorsiones, homicidios y reclutamientos se convirtieron en parte del paisaje. Las comunidades reciben amenazas de ambos extremos. Los que les inclinan la cabeza a unos, son recriminados por los otros. Aunque el problema es de vieja data, en las últimas semanas se agudizó por la desaparición de dos líderes sociales.

Los protagonistas de las violencias son dos subestructuras que están armadas hasta los dientes. El mensaje de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hace llamar el grupo que comandó alias Otoniel, llega de parte del brazo de Roberto Vargas Gutiérrez. Mientras que el ELN se representa en la composición de Darío Jesús Castro.

Ambos están enfrentados por las economías ilícitas: la explotación de yacimientos y la producción de cocaína. Si bien el Clan del Golfo concentra el mayor poder delictivo, el Ejército de Liberación Nacional se rehúsa a soltar sus negocios. La guerra por el control territorial se siente con mayor intensidad en los municipios de Segovia y Remedios.

De acuerdo con los estudios de inteligencia de la Policía y el Ejército Nacional, la primera organización tiene amplio despliegue en nueve poblaciones del nordeste y el segundo lidera la delincuencia en uno. Justamente, las movidas del ELN para acaparar más parte del territorio, a razón de la pérdida de poder, es la fuente de la discordia.

Prueba de la contienda a sangre es el incremento del 20 % de los homicidios. Con base en las estadísticas de la Gobernación de Antioquia, en lo que va corrido de 2022, han perdido la vida violentamente cerca de 162 personas en el nordeste del departamento. En la lista de víctimas hay menores de edad y activistas que denunciaron la crisis de seguridad.

“Están acá por la buena ubicación porque hay conexión con otros departamentos. Quieren la minería. Los campesinos y excombatientes estamos expuestos. La fuerza pública también porque en varias ocasiones los han hostigado”, afirmó Carlos Morales, vocero de la comunidad de la región y quien está cargando con amenazas de muerte por las quejas.

Ese escenario fue confirmado por el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Oswaldo Zapata, al detallar que las poblaciones están en alto nivel de vulnerabilidad a pesar del contrapeso que les hacen a los ilegales. En esa entidad tienen el radar casos de asesinatos selectivos y constantes violaciones a los derechos humanos.

El gobierno de Gustavo Petro ya fue alertado de la situación. “Estamos con ustedes”, fue la respuesta que lanzó el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. A la par, les solicitó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia coherencia ante el cese al fuego que anunciaron el pasado 7 de agosto como un gesto primario para el sometimiento al Estado.

“Son más de 30 años de violencias que han traído dolor, destrucción de sueños y proyectos de vida en esta región. Es hora de parar tanto desangre. Ustedes, integrantes de las AGC, pueden ser parte de la propuesta de país con paz, con el respeto de los derechos de las víctimas y las garantías jurídicas debidas para sus vidas”, dijo el funcionario.

Ahora bien, el común denominador de la bancada antioqueña que está en el Congreso de la República es que el nuevo gobierno está en la obligación de estabilizar el orden público y las garantías de seguridad en el departamento. El Partido Comunes pide protección para los campesinos mientras que el Centro Democrático solicita mermar la cocaína que, a su juicio, es la fuente de violencia.