Las pistolas hicieron estruendo esta semana en todos los puntos cardinales de Colombia: cuatro masacres estremecieron a catorce familias, cuatro líderes sociales fallecieron a manos de criminales y tres grupos armados se declararon en guerra.
Los retoños de violencia están en Antioquia, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Putumayo, Casanare, Norte de Santander, Chocó, Cauca y Huila, donde coinciden los nombres del Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central de las Farc.
Ardió la seguridad en las montañas antioqueñas por cuenta de los combates entre los hombres que comandó alias Otoniel y los que lidera alias Iván Mordisco, quienes se enfrentaron a bala y confinaron a la comunidad de Briceño por el control territorial.
A varios kilómetros de allí fueron masacradas cuatro personas dentro de un bus de servicio público, en medio de una confrontación de los carteles del Magdalena Medio por las plazas de vicio. Entre las víctimas hay un sujeto que recientemente un juez dejó libre.
La misma hipótesis tiene la Policía para explicar el triple homicidio que ocurrió en un balneario de Villanueva, Casanare, donde les cobraron abandonar las filas de las Autodefensas Gaitanistas Colombia y querer armar un negocio ilegal aparte.
El Tren de Aragua y Los Choneros –una peligrosa organización ecuatoriana– se atribuyeron la matanza de tres ciudadanos en Nariño. Si bien las autoridades judiciales no tienen certeza de los responsables, se asumió preliminarmente como efecto de la guerra entre coyotes.
Un misterio similar se tiene en Huila donde se denunció el asesinato de cuatro personas en la zona rural de Algeciras. Aunque los cadáveres no aparecen, el Ejército cree que sí ocurrió porque en la escena del crimen vieron sangre, vainillas percutidas y elementos quemados.
A la lista de víctimas se sumaron cuatro líderes sociales reconocidos en Putumayo, Norte de Santander y Antioquia. Un doble homicidio en El Valle. El ELN hostigó a uniformados en Chocó. Y comunidades del Cauca alertaron sobre una incursión armada de las disidencias.
Sin embargo, para la fuerza pública y los defensores de derechos humanos la situación actual más inquietante está en el sur de Bolívar, donde la tierra fue convertida en un campo de batalla por los tres grupos delincuenciales más poderosos del país. Las Fuerzas Militares revelaron que hay una confrontación armada de ‘todos contra todos’ por dominar las economías ilícitas, principalmente, la producción de estupefacientes a gran escala y la extracción ilegal de yacimientos mineros en ese sector del Caribe.
Detrás de la ola de violencia está la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo, al mando de Chirimoya; el ELN liderado por Casinga y la estructura 37 de las disidencias de las Farc bajo las órdenes de alias Guaraca, un temido criminal con amplio prontuario. Se tomará el control de la zona con más uniformados y unidades especializadas en investigación para judicializar a los responsables, la misma fórmula que claman los mandatarios en sus territorios para frenar las alteraciones del orden público.
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, pidió mano dura para los delincuentes: “Se necesita, urgente, restablecer el uso legítimo de la autoridad. Necesitamos mayor operatividad y empoderar a la fuerza pública, que ahora se siente maniatada”. A su juicio, los grupos ilegales se estarían aprovechando de la generosidad del Gobierno nacional, en el marco de la paz total, para expandir sus actividades económicas.