Las oficinas de las Comisarías de Familia de la capital de Antioquia amanecieron cerradas este miércoles 26 de octubre por una protesta que adelantan los funcionarios en contra de la administración distrital. La manifestación se concentra en las inmediaciones de La Alpujarra.

El cese de actividades está justificado en un decrecimiento que estaría teniendo el presupuesto que financia sus operaciones. Al parecer, el bajón de los recursos empezó en 2020, cuando el alcalde Daniel Quintero Calle tomó las riendas de la ciudad, y se sostendría hasta 2023.

A juicio del movimiento de comisarios, el dinero que asigna el distrito no permite cumplir de manera adecuada las tareas que buscan enfrentar las violencias que se presentan al interior de los hogares. En consecuencia, se hace necesario multiplicar los recursos anunciados por Medellín.

Una de las personas que está alzando la voz para llamar la atención del mandatario es Flor María Mesa Martín. Ella calificó como alarmante la situación que hoy se está viviendo en las comunas y corregimientos de la ciudad porque la falta de financiación no es paralela al aumento de las agresiones.

Es decir, mientras se le resta dinero a la operación de las Comisarías de Familia, estarían creciendo las violencias. De eso da cuenta el número de solicitudes de protección en materia de restablecimientos de derechos de los menores de edad, cuyo índice es superior al 28 por ciento.

“Para el año 2023 se indica que se asignará un presupuesto de $ 7.700.000.000, cuando se requieren $10.376.000.000 por aumento exponencial de la violencia intrafamiliar y la implementación de la Ley 2126 de 2021 que nos suma más trabajo”, indicó la funcionaria.

En un pliego de catorce puntos explican las dificultades que padecen en las oficinas por falta de recursos. Advierten sobre serias fallas en la infraestructura física de los centros de atención y no hay renovaciones de los equipos de cómputo ni impresoras para gestionar los procesos judiciales.

Otra de las denuncias alerta por la escasez de servicios, la atención de la salud mental de los comisarios. Según los manifestantes, durante esta administración, no han tenido acceso a programas de apoyo especializado, pese a las cargas de estrés y exposición a riesgos psicosociales.

Tal como ocurre en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los integrantes de esta entidad afirman que el personal de planta es insuficiente para darle trámite a la alta demanda que se presenta diariamente en las oficinas: requieren auxiliares, psicólogos y trabajadores sociales.

También se estarían encontrando con falta de planeación en la contratación. Es decir, no habría continuidad en los acuerdos de trabajo porque se presentan convenios de días o pocos meses. De igual manera, hasta recesos de un mes entre cada uno de los contratos.

“No somos escuchados por la administración distrital. Hemos acudido a través de los conductos regulares, buscando permanentemente el mejoramiento de las condiciones, a través de la Secretaría de Hacienda y el señor alcalde, sin obtener respuesta”, señaló Mesa Martín.

Por otro lado, los manifestantes están solicitando la creación de un hogar de paso para los niños, niñas y adolescentes que tienen capacidades diferentes, condiciones de discapacidad o alteraciones del comportamiento de tipo psiquiátrico porque hoy no tiene atención oportuna.

Cuando un comisario pide que se le restablezcan los derechos en una vivienda que financia el Estado a razón de que en la suya corre el riesgo, no encuentran un lugar adecuado en la ciudad. En consecuencia, tienen que ser enviados nuevamente a sus residencias.

Estas preocupaciones también llegaron al Concejo de Medellín. La bancada del Centro Democrático comentario que es trascendente sumarles presupuesto a los treinta comisarios de Familia para reducir los riesgos de las violencias que hay en las calles de la ciudad.

“Le metemos recursos, o simplemente los habitantes de las comunas de Medellín seguirán buscando a los combos para que les ayuden a solucionar este tipo de problemas. Están pidiendo tres mil millones de pesos adicionales”, dijo el corporado Sebastián López Valencia.