Finalmente, no habrá recursos extraordinarios para la Alcaldía de Medellín, que buscaba $ 330.000 millones de pesos adicionales para los últimos seis meses de mandato de Daniel Quintero Calle.
Actualmente, las comisiones primera y segunda del Concejo de Medellín cuentan con 12 integrantes tras la salida de Dora Saldarriaga y Aura Marleny Arcila, por lo que este último intento del proyecto de acuerdo terminó con 6 votos a favor y 6 en contra.
Quienes respaldaron esta iniciativa fueron los concejales Fabio Rivera, Lucas Cañas, Babinton Flórez Moreno, Lina María García, Jaime Cuartas y Carlos Mario Romero.
Por su parte, decidieron votar en contra los concejales Alfredo Ramos, Simón Pérez, Carlos Andrés Ríos, Marcela Ramírez, Daniel Duque y Sebastián López.
Tras conocerse el resultado de esta séptima votación, los integrantes de la corporación que estaban en desacuerdo con el proyecto se mostraron satisfechos porque, según ellos, se le dio un golpe a los corruptos.
Sin embargo, para la Alcaldía de Medellín queda una última carta que le permita lograr la obtención de estos $ 330.000 millones, y es hacer un adelanto de varios años en el canon de arrendamiento del edificio donde está la sede de las Empresas Públicas de Medellín.
Lo cierto es que desde la oposición al alcalde Daniel Quintero, se teme que este dinero sea utilizado para la financiación de las campañas políticas de sus aliados, ya que se avecinan las elecciones para alcaldía, gobernación, asamblea y concejos municipales.
Entre tanto desde la administración no se hace ninguna aclaración precisa acerca del destino de esos recursos, ya que simplemente se menciona que será empleado para la realización de proyectos de carácter social.
La cifra tiene su origen en la actualización del valor de la inversión en UNE, el cual se redujo en $ 1,04 billones; por diferentes factores como dinámicas competitivas, nuevos modelos de negocio y tendencias de la industria.
Debido a esto las transferencias desde EPM a la Alcaldía de Medellín se redujeron precisamente en $ 330.000 millones, en el periodo que va desde junio del año pasado hasta el cierre de la vigencia 2022.
Al alcalde Daniel Quintero Calle no le han ayudado para lograr estos recursos adicionales las denuncias por supuestos hechos de corrupción, ni tampoco el poco nivel de credibilidad entre los medellinenses que desaprueban ampliamente su gestión según las encuestas reveladas.
Además, el presupuesto de este año se aprobó por decreto y no por contar con el respaldo mayoritario del Concejo, teniendo presente que las transferencias de EPM tendrían ese hueco de los $ 330.000 millones.
Por si fuera poco, la Contraloría Distrital de Medellín reveló recientemente en un informe que para el año 2022 se tenían disponibles $ 71.272 millones de pesos para 21 proyectos, pero que la ejecución de estos apenas alcanzó el 50 por ciento, por lo que es ilógico que justo en este momento requiera esos recursos extraordinarios de EPM con tanta urgencia.
Esto se suma a lo ocurrido cuando el alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, había anunciado el pasado mes de mayo un alivio en las tarifas de energía para más de 7 millones de ciudadanos. Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicó que dicho congelamiento representará un incremento en las facturas desde enero de 2024.
EPM indicó que este aumento igualará al que se tenía para mayo y el alza será del 0,6 % mensual.
Cabe destacar que gracias a un derecho de petición enviado por un ciudadano, la empresa de servicios públicos hizo la explicación.
“Para EPM es muy importante conocer y entender sus necesidades, razón por la cual identificamos que a través de la red social Twitter usted solicita que se dé respuesta a la consulta realizada a nuestra empresa”, indicó inicialmente la compañía por medio de un comunicado a la opinión pública.
Posteriormente, la compañía dijo que teniendo en cuenta lo anterior, revisaron en sus sistemas de información encontrando que, por medio del oficio del asunto, EPM informó que no era posible dar respuesta a la consulta, toda vez que no recibieron el documento adjunto, es decir, que no tenían claridad sobre las dudas que el ciudadano planteaba.