El Tribunal Administrativo de Antioquia responsabilizó al municipio de Medellín y a otras seis personas por el desplome del edificio Space, emergencia que terminó con la vida de 12 personas y damnificó a 161 familias que tuvieron que evacuar la unidad residencial del barrio El Poblado por el inminente riesgo de colapso, tal como ocurrió en 2013.
Tres magistrados ampararon las peticiones de los afectados, quienes están luchando en los pasillos judiciales de la ciudad desde hace nueve años para que les reconozcan con dinero las afectaciones que se presentaron por la mala planeación y vigilancia al inmueble que se alzó en el sur del Valle de Aburrá, tal como lo reconoció el Tribunal.
En las últimas horas se conoció el trascendente fallo que ya había sido anunciado en primera instancia, pero en ese momento no incluyó todas las peticiones de las víctimas: hubo irregularidades en la construcción y los involucrados están en la obligación de responder por los daños causados con una millonaria indemnización.
Las cargas fueron impuestas sobre la administración de Medellín y el curador Carlos Ruíz Arango. También los ejecutores: Lérida Constructora de Obras S. A., Pablo Villegas Mesa, Álvaro Villegas Moreno, Juan José Restrepo y Emilio Restrepo Posada. Todo este grupo incumplió con sus tareas en medio de la edificación de las seis etapas y por eso se cayó.
Ahora bien, los deberes del grupo constructor estaban dirigidos a garantizar la estabilidad de la obra dentro de los diez años siguientes a la entrega. En medio del trámite, desestimaron sus obligaciones porque, a su juicio, falta probarse una actuación culposa o dudosa que sostenga la demanda. Sin embargo, fueron condenados.
Al curador urbano segundo de Medellín le reprochan que no haya cumplido con sus funciones de verificación y control en el trámite de expedición de la licencia de construcción, ni realizó la revisión del proyecto desde el punto de vista técnico, estructura, urbanístico y arquitectónico, conforme a las normas establecidas.
Mientras que al municipio se le probó omisiones en la vigilancia y control sobre las actuaciones que tenía a cargo el curador urbano; por no adoptar las medidas necesarias para que el constructor garantizara la estabilidad de la obra; además, tampoco puso en marcha acciones de verificación y control frente a las amenazas de ruina.
“El Tribunal lo que menciona es que, si bien se delega en los curadores urbanos parte de la responsabilidad del análisis de planos, el municipio debe estar al frente de la vigilancia de la construcción y que se construya conforme a los planos. Lo que ocurrió en el Space es que la vigilancia fue pésima”, detalló la defensa de los damnificados del edificio.
Así las cosas, los saldos a cancelar fueron distribuidos de la siguiente manera por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia: $ 27.255 millones por la pérdida de 41 inmuebles; $ 3.000 millones por la pérdida de muebles y enseres; $ 581 millones por los cánones de arrendamiento que tuvieron que pagar las familias; y $ 55 millones para los que dejaron de recibir dinero producto de los arriendos.
“Corresponde al municipio de Medellín asumir el 25% de las sumas aquí reconocidas y a Lérida Constructora de Obras y a los señores Carlos Alberto Ruiz Arango, Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa, Emilio Restrepo Posada, Juan José Restrepo Posada, corresponde el otro 75% de los perjuicios”, se lee en la sentencia del juzgado.
Aunque la defensa advierte que el único condenado que tiene la capacidad de asumir el costo de la indemnización es el municipio de Medellín a razón de que la constructora fue liquidada. Ahora empieza una batalla para que de la cartera pública salgan los recursos y, después, para que el resto de condenados le paguen al distrito.