Un juez envió a la cárcel a un religioso de 43 años que abusó sexualmente de un menor de edad mientras estaba matriculado en un internado del municipio de la Estrella, población del sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Así lo señaló la Fiscalía General de la Nación en medio de un proceso penal que inició en 2020 luego de la denuncia de la familia.

El material probatorio da cuenta de que el seminarista, oriundo de Guatemala, cometió los delitos entre julio y agosto de ese mismo año, época en que el mundo estaba confinado por la alta presión que hubo en los sistemas de salud por cuenta de la pandemia de covid-19. Ante la soledad del momento, violentó a un niño de 12 años.

“Las evidencias recaudadas dan cuenta de que Gutiérrez Galicia aprovechó su condición de seminarista y formador para ingresar al dormitorio de la víctima y cometer actos contra la formación e integridad sexual del menor de edad”, reveló el director de la Fiscalía en Antioquia, Ricardo Romero Moreno.

Luego de evaluar las pruebas que aportó el ente de acusación, un juez penal del circuito de Itagüí condenó al religioso a nueve años y dos meses de prisión al ciudadano guatemalteco que, de momento, no se ha dado claridad si cumplirá su pena en los centros carcelarios de Colombia o su país de origen.

Lo establecido es que podrá refutar los argumentos que llevaron al juzgado a tomar la decisión, dado que la medida es de primera instancia, él podrá hacer uso de los recursos disponibles en la ley.

Con base en las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la capital de Antioquia se han atentado cerca de 480 denuncias por presuntos delitos sexuales, cifra que relaciona el primer semestre de 2022. Entre las víctimas hay adultos mayores y menores de edad, donde las mujeres son las más afectadas.

Violencia sexual en Colombia

En cuanto al panorama nacional, el índice de violencias contra los niños, niñas y adolescentes presenta un incremento frente a los datos de este año y 2021. La misma entidad contabilizó el año pasado 2.325 denuncias, donde las niñas acumularon el 55 %. En 2022, las alertas ya sobrepasaron los 2.795 casos, el común denominador son las sexuales.

Para frenar los delitos contra los menores de edad, las autoridades locales y departamentales activaron mecanismos urgentes con el fin de socializar el alcance de las violencias dentro de los hogares y por fuera de ellos, como la prostitución en las calles de Medellín y el resto de los municipios del Área Metropolitana.

Solo en esta zona de Antioquia, de acuerdo con la Policía Nacional, se han atendido 117 denuncias por delitos relacionados con explotación sexual comercial de personas, 106 victimizando a menores de edad y 10 víctimas adultas, donde el 76 % de las alertas emitidas vincularon a las mujeres.

De igual manera, seis criminales han sido capturados por ponerle precio al cuerpo de los menores de edad y a los mayores de 18 años.

El alcalde Daniel Quintero fijó una recompensa de 100 millones de pesos por información que ayude a identificar y judicializar a los delincuentes que están promoviendo los delitos contra los niños, niñas y adolescente en Medellín, con el fin de hacerle contrapeso a la trata de personas.

También decretó toque de queda nocturno para esta población en las zonas rosas donde se tienen registradas amenazas de explotación; esta medida estará activa hasta el 31 de diciembre de este año.

Expertos en seguridad urbana no descartan que los grupos delictivos organizados que operan en el Valle de Aburrá estarían controlando los sitios donde se cometen las faltas contra los menores y adultos.

“Es un delito que uno puede encontrar en todas las estructuras. Por lo menos, en las diez que operan en la ciudad. Hay algunas que son un poco más famosas y que tienen más vinculación con este tema: Caicedo, Triana, Terraza, Pachelly y Mesa”, señaló el exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.