La Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia se unió a las voces de preocupación por el inminente aumento de precio que tendrá la gasolina. Paralelamente, subirá el valor de sus operaciones y los usuarios sentirán en los próximos meses un alza del 25 por ciento en el costo del pasaje intermunicipal en esta región del país.

Los conductores que prestan el servicio de transporte público temen que los incrementos que impondrá el Gobierno nacional no se vean reflejados en sus ganancias porque las condiciones de inflación no dan abasto en los hogares. Como consecuencia, en las festividades de fin de año podría haber una disminución notable en el flujo de pasajeros.

Samir Echeverri, director ejecutivo de esta agremiación en Antioquia, explicó que el treinta por ciento de la línea de costos logísticos depende de los combustibles. Aunque solo el 10 % de las empresas que están enfiladas en el grupo hacen uso de la gasolina, se mantiene el temor en el otro 90 % por la incertidumbre económica que hay con el Diesel.

“Nosotros como gremio estamos seriamente afectados. También se va a afectar la tarifa al usuario. Posiblemente, a final de año tendríamos que aumentar el pasaje. No solo por el aumento del combustible, sino también por el alto costo del material de mantenimiento y las demoras en el tránsito por las carreteras”, dijo el vocero de los conductores.

Esa es la misma posición de la Asociación de Transportadores de Carga. En dado caso de que la política del presidente se ejecute como lo tiene planeado, los gremios estarán al pie del cañón para hacer respetar la estabilidad económica del sector. Entre las posibilidades extremas evalúan un cese de actividades que llevaría a la paralización de todo el país, como lo han hecho en el pasado.

Pero el paro sería más estruendoso porque no solo se trata de una parte de la sociedad que mueve mercancía por todo el país, sino de las personas que acceden a la gasolina diariamente y el resto de las economías que se desprenden de la actividad, “prácticamente sería un estallido social”, que estaría en las manos de Gustavo Petro.

Además, el impacto en los bolsillos de los pasajeros se sentiría por cuenta del mal estado de los ejes viales del departamento que han generado una multiplicación en los tiempos de trasladado. Los movimientos en masa que han caído sobre las carreteras y la pérdida de banca son los fenómenos más críticos para los transportadores del departamento.

Ante las preocupaciones del gremio, el Ministerio de Transporte aclaró que tiene toda la disposición para darle solución a las dificultades que tienen los conductores en las diferentes subregiones; sin embargo, la lupa se ubicará especialmente sobre los municipios del suroeste antioqueño cuyas vías tienen daños considerables.

El precio de los peajes también son motivo de discusión por parte de las agremiaciones de movilidad. Ellos alegan que la calidad de las carreteras no coincide con el valor que tienen que pagar para movilizarse por Antioquia. En consecuencia, le pidieron al Gobierno nacional que examine la posibilidad de mermar las tarifas en algunos puntos.

Por ejemplo, desmontar el cobro por circulación que está fijado en el municipio de Amagá y reducir hasta en 50 % el precio que la concesión exige al paso de los vehículos en La Pintada, uno de sus tramos está cerrado desde el primer semestre de 2022 por la pérdida de banca en el tramo de Santa Bárbara y se extenderá hasta los primeros meses de 2023.

En esa petición los acompaña la Gobernación de Antioquia. “Al respecto, el gobernador encargado explicó que la operación del peaje obedece a un contrato entre la Nación y la Concesión La Pintada, por lo cual la decisión depende estrictamente del Gobierno nacional, pero se comprometió a acompañar al alcalde de Santa Bárbara, Luis Fernando Tangarife, en las gestiones en este sentido”, informó la autoridad departamental.