La polémica por el debate controversial que ha surgido después de las declaraciones contundentes del presidente Gustavo Petro en las que afirmaba, frente a un grupo de periodistas y de manera pública ante micrófonos, que él era el jefe de Estado y por ende el jefe del fiscal Barbosa, continúa dando de qué hablar. Ahora se pronunciaron desde la asociación que agremia a jueces y fiscales en Antioquia.
Las declaraciones sin duda han generado rechazo desde todos los ángulos, ramas del poder y hasta de las mismas altas Cortes. Por su parte, desde el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, en cabeza de su presidente Jorge Humberto Calle López, explicaron las funciones de las ramas del poder y le recordaron al presidente cómo funcionan.
“Como asociación profesional que aglutina a los servidores judiciales de nuestro departamento, uno de cuyos objetivos es defender y mantener la independencia y autonomía de la Rama Judicial, expresa ante la opinión pública su más enfático rechazo a las declaraciones públicas del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, dice inicialmente el texto.
Seguidamente, entrecomillan las palabras dichas por el presidente, quien señaló que “como jfe del Estado, es el jefe del fiscal general de la Nación”, en alusión al texto constitucional del artículo 115, el cual a la letra reza: “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.
En el documento, además, se puntualiza que conforme a la arquitectura institucional colombiana, la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial, que es uno de los pilares de la democracia, regido por el principio de independencia, de acuerdo con los artículos 228 y 249 de la Constitución Nacional.
Y que, si bien las Ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial del Poder Público se deben colaboración armónica para la realización de los fines del Estado, será sin perjuicio de sus funciones separadas, tal como lo establece el mandato del artículo 113 Superior.
“El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia le recuerda al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que su posición de preeminencia como jefe del Estado ha de ser con el propósito de lograr la unidad nacional, por lo que no se compadecen tales desatinos, expresados con retadoras y desapacibles muestras de autoritarismo, con la mesura y dignidad en el ejercicio del primer cargo de la Nación”, se lee en el documento.
Adicionalmente, desde la misma asociación catalogaron las expresiones del presidente ante la opinión pública como un “exabrupto” que incluso hace recordar la tristemente célebre expresión L’Etat, c’est mol (El Estado soy yo), que remarcó el despotismo, contra el cual se opuso y triunfó más de un siglo después la libertad, como conquista del constitucionalismo democrático.
“El mismo que los jueces y fiscales de Colombia tenemos el deber y el valor de defender”, termina diciendo el comunicado.
Así mismo, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que el fiscal general “no tiene superior jerárquico” y es elegido directamente por el alto tribunal de una terna que envía el jefe de Estado. Y subrayó: “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
En un comunicado, el alto tribunal advirtió que las declaraciones emitidas por el presidente generan una “gran inquietud” puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”.
Le recordó que las funciones del fiscal general están reguladas por el ordenamiento jurídico y enmarcada en la autonomía de la Rama Judicial. “La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”, sostuvo.
“La Administración de Justicia, de la cual forma parta la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado para proteger los derechos, libertades y garantías de la población, y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico”, agregó.
La Corte también destacó la necesidad de que se respete la división entre las tres ramas del Poder Público: “Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”.