La Contraloría General de la República advirtió que los recursos que se han invertido en el proyecto de generación de energía de Hidroituango pasarán nuevamente por la lupa de la inspección. Si las condiciones lo ameritan, podría volver a abrir la carpeta del proceso fiscal para resolver las dudas de la gestión.

El fantasma del detrimento patrimonial podría aparecer nuevamente en el radar del ente de control a razón de que la Alcaldía de Medellín ha denunciado que las decisiones que se tomaron en el pasado le habrían restado cinco billones de pesos a la iniciativa que promete entregar el 17 % de la demanda de energía nacional.

En dado caso de que la investigación muestre deficiencias en la administración de la obra, los responsables tendrían que asumir consecuencias financieras y disciplinarias, tal como ocurrió en septiembre de 2021 cuando se emitió un fallo por responsabilidad fiscal que sumó 4,3 billones de pesos a las cuentas de EPM.

El líder de esta entidad, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que desde marzo de este año la Contraloría delegada para el sector de la infraestructura ha venido realizando un especial seguimiento a la hidroeléctrica con el objetivo de revisar la adecuada inversión de los recursos recuperados el año pasado.

“Está analizando los nuevos hechos que, eventualmente, han acaecido o se hayan presentado y, con base en ello, y a la facultad que tiene este organismo de control, podría estar reabriendo nuevamente procesos que tiene que ver de manera directa con el tema”, anunció Rodríguez Becerra este ocho de noviembre.

Además del tratamiento que se le ha hecho a la cartera pública en medio de las inversiones, también es objeto de estudio el manejo que Empresas Públicas de Medellín (EPM) le ha hecho al informe técnico que realizó la firma internacional Pöyry frente a los riesgos que habría en la infraestructura del proyecto.

Este órgano pidió que cada una de las recomendaciones sean analizadas por el desarrollador de la hidroeléctrica con el fin de mitigar las afectaciones que se dejaron por escritas. Si la compañía de servicios públicas está en desacuerdo con un renglón del estudio, deberá presentar argumentos para rechazarlos.

Las decisiones que se tomen al interior de la obra tendrán que ser respaldados por un concepto técnico de un consultor externo, idóneo e independiente, que le sume validez a las determinaciones que tome Empresas Públicas de Medellín por fuera de las recomendaciones señaladas por la firma de Pöyry.

“También se revisa la incorporación al cronograma general de obras de las acciones para atender los hallazgos técnicos dictaminados por el consultor internacional PÖYRY contratado por EPM”, comentó la Contraloría General de la República a través de un comunicado dirigido a la opinión pública.

Ahora bien, el órgano de control fiscal nacional entregó un concepto sobre la incertidumbre que se mantiene en Hidroituango por la fecha en la que deberían entrar en operación las dos primeras unidades de generación de energía, cuya fecha de vencimiento es el próximo 30 de noviembre.

Se dejó por sentado que el encendido de las turbinas es un asunto prioritario y de máxima importancia, tal como está fijo en los acuerdos que se alcanzaron con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Según los cálculos de los contratistas, una vez entre en funcionamiento, empezaría a entregar 600 MW de potencia.

Sin embargo, la Contraloría explicó que la inauguración de la obra debe estar condicionada a la seguridad. Es decir, la hidroeléctrica no debería estar presionada para encenderse por las obligaciones contractuales que tiene, sino cuando la infraestructura esté lista para soportar las operaciones de las turbinas.

“Más allá de una dificultad que pueda existir, de una fecha determinada de entrada en operación, lo más importante para la Contraloría es la seguridad de las personas. Solo debe suceder bajo la premisa fundamental e indispensable de que lo haga una vez estén listas, probadas y aprobadas”, dijo la Contraloría.