En el occidente de Antioquia se viven momentos de tensión por la manifestación que lideran los mineros informales de Buriticá en contra de una empresa que extrae oro. Los argumentos que motivaron la protesta se habrían desdibujado con los días, dado que los ilegales estarían sacando provecho del desorden para alterar el orden público.
La situación crítica empezó el 12 de agosto cuando los habitantes salieron a las calles a rechazar la desaparición de dos personas que, supuestamente, habrían quedado atrapadas en socavones por prácticas irregulares de la compañía Zijin Continental Gold; sin embargo, no hay indicios del incidente y ese escenario fue desmentido por el privado.
Si bien las autoridades se desplazaron hacia la zona afectada para adelantar las labores de rescate, una vez se reportó la emergencia, desconocidos que están dentro de la mina frenaron las tareas de inspección de la Agencia Nacional de Minería y los organismos de socorro de Antioquia. Al parecer, ellos tendrían identificados a los cadáveres.
Mientras ese comportamiento está activo bajo tierra, en las carreteras de Buriticá se mantienen bloqueos que impiden el ingreso a la cabecera municipal. De acuerdo con las denuncias que han presentado las autoridades locales, los sujetos que están parados sobre los ejes viales no permiten la circulación de los carros que abastecen al pueblo.
En varios establecimientos comerciales ya se empieza a notar la escasez de productos básicos de la canasta familiar. No obstante, en las tiendas donde todavía hay alimentos, los tenderos están siendo obligados a cerrar las puertas para que el caos haga estruendo en todos los rincones, los emisores de las intimidaciones serían integrantes armados.
El secretario de Seguridad Humana del departamento, Luis Fernando Suárez, indicó que estos hechos están afectando seriamente el orden público y los derechos de las personas. En las últimas horas, las ambulancias que transportan enfermos tuvieron dificultades para movilizarse. Él pidió el apoyo del Gobierno nacional para lidiar con la crisis.
“Persisten las vías de hecho. Este es un gobierno de diálogo, de concertación. Estas vías de hecho están afectando la movilidad de los ciudadanos, el ingreso de alimentos, el transporte público e, incluso, el transporte de pacientes. Hacemos ese llamando insistente a que se acaban las vías de hecho”, señaló el funcionario que, a su vez, solicitó la intervención del Ministerio de Defensa para frenar las acciones ilegales.
Ante las dudas que hay por la presunta intervención del Clan del Golfo y otras organizaciones delincuenciales para sostener las manifestaciones en Buriticá, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, reconoció que en esa zona sí hay injerencia del grupo armado y que sus hombres estarían extorsionando a los mineros.
Las autoridades investigan si las subestructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que hoy están gestionando un diálogo de paz con Gustavo Petro, estarían patrocinando el bloqueo de las vías con una nómina diaria de 100 mil pesos. Esa hipótesis ha tomado fuerza porque sujetos ajenos al pueblo son los que están al frente del caos.
El comando de la Policía en Antioquia desplazó unidades para reforzar la vigilancia en Buriticá, mientras que la comisión que adelanta las labores de verificación dentro de la minera trata de ingresar a los túneles de extracción con el objetivo de llegar hasta la zona donde estarían los desaparecidos: Jesús Arturo González Contreras y Víctor Enrique Peña Álvarez, oriundo de Venezuela.
“Este es un gobierno que cree firmemente en la vida. La recuperación de esos presuntos cuerpos es el principal objetivo”, concluyó Luis Fernando Suárez. Si se llegan a identificar a las víctimas, la evacuación se realizaría vía aérea por las condiciones críticas que hay en esta población del occidente de Antioquia.