Hace más de cien horas los habitantes del departamento del Chocó están viviendo en medio del paro armado que impuso el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para llamar la atención del Gobierno nacional.
Si bien esta guerrilla anunció un cese al fuego, apenas se aplicaría en esta región del país a partir del sábado 24 de diciembre, por ello hay temor y zozobra.
De acuerdo con los cálculos de la Iglesia Católica, treinta mil personas del Medio y Bajo San Juan tomaron la decisión de no volver a salir de sus viviendas porque la organización armada ilegal los tiene bajo amenazas. En un documento les advirtieron de consecuencias violentas para todo aquel que se atreva a circular por las aguas del río San Juan.
Esta es la principal autopista que tienen los habitantes de cinco pueblos de Chocó para acceder a los servicios básicos. La preocupación de los defensores de derechos humanos es que en varios rincones hay hambre porque los ciudadanos no salen a recolectar alimentos en las zonas urbanas ni en la selva por el temor de encontrarse a la guerrilla.
La crisis se siente con mayor intensidad en las localidades de Nóvita, Litoral de San Juan, Sipí, Medio San Juan e Istmina. El ELN “se pasea como Pedro por su casa” en esta región. Si bien el Ejército les insiste a los habitantes esquivar las amenazas, dentro de las comunidades indígenas y afrodescendientes saben que el poder de los ilegales es amplio.
En los últimos años, han tomado el control de los principales corredores del sur del Chocó para transitar sus economías ilícitas, principalmente el oro y narcotráfico. La persona que trate de obstaculizar los objetivos es asesinada bajo la orden de alias Santiago y el resto de los hombres que integran el brazo armado del frente occidental Omar Gómez.
Desde el 2020 la violencia está sin freno. El caos volvió a tomar fuerza en este departamento cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hace llamar el grupo que comandó alias Otoniel, empezó a acorralar al ELN en el sur. La confrontación se ha llevado muchas vidas y un centenar de vulneraciones que preocupan.
La Defensoría del Pueblo advierte en alertas tempranas sobre homicidios selectivos, masacres, secuestros, instrumentalización de menores de edad para el conflicto, amenazas, desplazamientos masivos y privación a la libre circulación, entre otros elementos que están siendo investigados por las autoridades judiciales en Quibdó.
“Las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales por grupos ilegales”, denunció esta entidad.
Este paro armado agudiza la situación en cinco pueblos. Aunque la fuerza pública está patrullando los sectores para transmitir tranquilidad, para las personas no es suficiente. El habitante que se le vea junto a los militares es considerado por el actor armado ilegal como un colaborador y se ubica en el radar para recibir la tortura que adopte el guerrillero.
En las últimas horas, se conoció que un grupo del Gobierno nacional se dirigió a la capital del departamento del Chocó para retomar el control del orden público en el río San Juan y motivar a los ilegales a soltar las acciones criminales que están vulnerando los derechos del pueblo. Las reuniones las está encabezando el comisado para la paz, Danilo Rueda.
Si bien desde que el ELN se sentó nuevamente a negociar su transición hacia la legalidad en Venezuela, se pensó que esto no volvería a presentarse, se afilaron los dientes después de terminar el primer ciclo de negociaciones. Durante las semanas de diálogo, en Chocó sí hubo aires de tranquilidad, pero todo se cayó el pasado jueves 15 de diciembre.