Las autoridades de Antioquia y el municipio de El Carmen de Viboral, ubicada al oriente del departamento, avanzan en la investigación que permita identificar a las víctimas de dos casos de doble homicidio que se registraron en las primeras horas de este lunes, 10 de abril.
Uno de los hechos se presentó en el parque principal del municipio cuando un grupo de personas se encontraban ingiriendo licor en vía pública y las personas asesinadas son dos hombres de 21 y 24 años.
La información preliminar indica que este suceso violento fue protagonizado por una persona que se acercó al grupo de amigos que departían pasadas las 3:00 a. m. y disparó en contra de las víctimas, en un punto ubicado muy cerca a la sede de la Policía Nacional.
La otra alteración del orden público se presentó en la vereda San Vicente, límites con el municipio de Cocorná. En el suceso un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera resultaron muertos, según la información entregada por el alcalde John Fredy Quintero.
El mandatario indicó que los casos son investigados por integrantes del CTI de la Fiscalía desde el momento en el que ocurrieron y advirtió que ninguno de estos homicidios quedará en la impunidad.
“No descansaremos hasta tanto no se esclarezcan estos hechos y los culpables sean capturados”, indicó el alcalde, quien liderará un consejo extraordinario de seguridad que se realizará en la localidad.
Las autoridades manejan varias hipótesis con relación a las posibles causas de los homicidios y buscan determinar si ambos casos están relacionados. Analizan las versiones entregadas por los testigos para capturar y judicializar a los responsables.
Los habitantes de la localidad expresan su preocupación por los hechos de violencia que se suman a los ocurridos el 8 de diciembre de 2022 cuando fueron asesinados Wiilson José Andrade Aguilar, de 25 años de edad, y de Ricardo Antonio Oviedo Cabrera, de 30 años, ambos de nacionalidad venezolana.
Los hechos ocurrieron en la vereda La Florida, a aproximadamente 45 minutos del casco urbano de este municipio.
“Inicialmente, la comunidad alertó a las autoridades sobre este hecho violento, por lo que la policía y el CTI se trasladaron al sitio para hacer la inspección técnica de los cuerpos. Se trata de dos personas venezolanas que se encontraban en esa vereda”, sostuvo en su momento Leonardo Aristizábal Zuluaga, secretario de gobierno de El Carmen de Viboral.
El CTI de la Fiscalía fue la entidad encargada de la investigación del doble homicidio.
Una millonaria recompensa tiene en líos judiciales al alcalde de El Carmen de Viboral, Antioquia
La administración municipal de El Carmen de Viboral, ubicada en el oriente del departamento de Antioquia, está en el ojo del huracán, luego de que se identificaran supuestas irregularidades en la asignación de una millonaria recompensa.
Así lo reveló la Fiscalía General de la Nación, tras la imputación de cargos que protagonizó contra el actual mandatario local, Jhon Fredy Quintero Zuluaga, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los hechos investigados están relacionados con presuntos manejos ilegales en el pago de 20 millones de pesos por concepto de una retribución a un ciudadano que ofreció información clave para el esclarecimiento de un escenario delictivo en esta población.
Al parecer, colaboró en un proceso penal que estaba siendo adelantado por el propio ente de acusación. Sin embargo, el testigo se quejó de no recibir el dinero que le prometió la Alcaldía a cambio de los datos certeros que concluyeron en una judicialización.
El material probatorio recopilado por las unidades operativas de la Fiscalía mostró indicios de que la recompensa habría sido recibida por un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del municipio de Rionegro, quien se encargaría de distribuirla.
Sin embargo, con base en la alerta que emitió el beneficiario, este sujeto no le habría consignado los 20 millones de pesos, sino una parte. En consecuencia, también fue vinculado al proceso judicial junto al alcalde de El Carmen de Viboral, Quintero Zuluaga.
Entre tanto, la Fiscalía le alega a este último que no tenía le visto bueno para asignar este tipo de beneficios económicos. Así lo explicó la entidad en un comunicado: “El mandatario municipal no estaba facultado para pagar recompensas por esta cuantía”.
Desde la administración respondieron a las acusaciones. En primer lugar, se indicó que el procedimiento que está enfrentando hace parte de un espectáculo mediático porque actuó conforme a la Constitución con el fin de tener el control del orden público.
Se ordenó el beneficio económico en medio de la estrategia para hacerles contrapeso a las estructuras delincuenciales que están dedicados al tráfico de estupefacientes a gran escala en la zona urbana y rural de la población, aumentando las muertes violentas.
Esa decisión habría sido respaldada por su gabinete y las autoridades que semanalmente se sientan en los consejos de seguridad que lidera. Justamente, por la asignación de esos recursos durante su período, ya se han podido capturar y judicializar a 180 ciudadanos.
El alcalde Jhon Fredy Quintero Zuluaga se describió como un hombre honesto y transparente que no ha infringido las leyes, pero tendrá tiempo para argumentar con pruebas los señalamientos que le sumó la Fiscalía General de la Nación esta semana.
“A la luz saldrá prontamente nuestra inocencia. Estamos trabajando fielmente y seguiremos trabajando hasta el 31 de diciembre de 2023 para garantizar la seguridad. Todo hará parte de nuestra defensa, tenemos todos los argumentos”, señaló.
Desde la Alcaldía explicaron que, si bien el ente de acusación dijo en la audiencia de imputación de cargos que él no estaba autorizado para ofrecer la recompensa de 20 millones de pesos, actuó en beneficio de la comunidad para frenar la inseguridad.
Frente a este caso, llegó una solicitud a la Presidencia de la República para que se nombre a un alcalde ad hoc para que represente los intereses de El Carmen de Viboral. El documento fue remitido por el propio mandatario Jhon Fredy Quintero Zuluaga.
Ante la incertidumbre que hay en la ciudadanía, se aclaró que las riendas de la administración seguirán en sus manos hasta que se resuelva la presunta responsabilidad de las faltas reseñadas por la Fiscalía.