El exalcalde Daniel Quintero anunció en sus redes sociales que está dispuesto a promover una revocatoria contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y varios mandatarios locales del departamento. Hay polémica en la región.
La amenaza del político paisa se justifica con el impuesto de seguridad que está promoviendo Rendón en la Asamblea, donde algunos ciudadanos tendrían que pagar más dinero en la factura de energía para patrocinar la logística de la fuerza pública.
Aunque la propuesta no goza de ambiente político en Medellín y recibe críticas de los gremios empresariales, sorprendió que esta semana cien alcaldes respaldaron la iniciativa e instaron a los diputados a que la aprobaran.
Bajo ese contexto, Daniel Quintero afirmó: “Prometo que si aprueban la propuesta del gobernador de Antioquia de subir los servicios públicos iniciaré una revocatoria contra el gobernador y contra cada uno de los 100 alcaldes que apoyaron la iniciativa”.
El primero en responder fue el alcalde del municipio de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, quien fue elegido por el Centro Democrático y es uno de los que más respalda el proyecto de Andrés Julián Rendón, su compañero de partido.
“No les tenemos miedo a sus amenazas y vamos a seguir trabajando de la mano de quienes lideran estas iniciativas y buscan devolver la paz y la seguridad a los antioqueños”, dijo el mandatario en sus redes sociales.
El controvertido proyecto de ordenanza ya pasó el primer filtro en la Asamblea de Antioquia con seis votos a favor y dos en contra. Se espera una agitada discusión entre los diputados y la opinión pública, quien lo sigue con lupa.
Tal como está el documento que expidió la Gobernación, el impuesto de seguridad se aplicara a través de la factura del servicio de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a ciertos sectores de la población y el empresariado.
De acuerdo con las proyecciones mensuales, así se implementaría: estrato 4 ($ 14.242), estrato 5 ($ 16.002), estrato 6 ($ 17.202), pequeño comercio ($ 36.358), gran comercio ($ 3.529.875), FLA ($ 14.952.625) y la Lotería de Medellín ($ 325.313).
El gobernador Andrés Julián Rendón ha defendido su propuesta a capa y espada, incluso le argumentó al presidente Gustavo Petro la importancia de poner en marcha este impuesto para cubrir las necesidades de la fuerza pública y la seguridad.
“La tasa de seguridad planteada se hace necesaria para invertir en los rubros de seguridad que abandonó la nación, al menos en nuestro departamento: tecnología, dignidad locativa y movilidad segura para nuestros soldados y policías”, dijo Rendón.