El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle rompió el silencio tras los pronunciamientos que han hecho los organismos de control que investigan supuestas irregularidades en la administración distrital y denunció una presunta guerra jurídica.
El pronunciamiento lo emitió en la mañana de este 15 de noviembre en la red social X. Allí advirtió que la posible persecución se estaría dando contra los militantes del partido Independientes y algunas personas que pasaron por su gabinete.
Al parecer, este fenómeno se estaría dando de la siguiente manera: “Amenazas y procesos jurídicos en los que se les niega el derecho a la defensa y donde se aplica un doble racero”. Esto último, al comparar su gestión con las pasadas Alcaldías:
“Contratos iguales, con procedimientos iguales, entre administraciones anteriores y la nuestra, reciben para ellos absoluciones y para los nuestros procesos jurídicos y hasta sanciones. Fuerza equipo. La justicia demora, pero llega. Dios y tiempo”, relató Quintero.
En efecto, anticipó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas de protección para sus allegados que “hoy soportan el asedio y la persecución en medio de una guerra jurídica o lawfare”, concluyó el exalcalde.
¿A qué se debe la alerta?
Aunque lo menciona directamente, las palabras del exmandatario se conocen tras varios pronunciamientos públicos de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, donde han anunciado una serie de investigaciones contra algunas personas cercanas a Daniel Quintero.
Por ejemplo, el ente de control disciplinario fijó la mirada sobre la Secretaría de Comunicaciones este 14 de noviembre por presuntas inconsistencias en la asignación y ejecución de millonarios contratos a la Universidad Nacional y a Telemedellín.
El más escandaloso es el que se dio con la institución de educación superior, cuya misión era apoyar la estrategia de divulgación de la administración, pero se sospecha que habría sido utilizada para apoyar la publicidad de candidatos afines al partido Independientes.
Por su lado, la Fiscalía citó a imputación de cargos a seis exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis contratistas por posible celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Se trata de irregularidades en la firma de cuatro contratos asignados durante la pandemia y por más de 68.000 millones de pesos. En el expediente aparecen los proyectos de “zonas verdes, parques de las aguas, apoyo logístico y Buen Comienzo”.
Mientras que la Contraloría advirtió sobre supuesto detrimento patrimonial en el manejo de la caja menor del despacho del alcalde por $ 117.832.430, justificados en compras en establecimientos comerciales y en otras ciudades del país.
En un apartado de la investigación se indicó que se destinaron $ 124.566.005 para atender las reuniones de carácter oficial que se encontraban en la agenda del alcalde, pero solo se habrían certificado cerca de $ 7.799.790. Frente a esto, el ente de control concluyó:
“Significó que $ 116.766.215 no fueron autorizados y certificado con ocasión de las funciones o delegaciones en cumplimiento de las misiones oficiales y de las responsabilidades del ordenador del gasto”, se lee en el documento.
Esto habría facilitado compras individuales o personales que fueron reseñadas en las facturas del distrito ―como combos, platos ejecutivos y comida suntuaria― que causaron escándalo en la ciudad. Sin embargo, el despacho se defendió de las inversiones.