SEMANA: ¿Cuál es el escenario de lo que ha pasado con el tema de Tigo-UNE, la capitalización y todo el proceso de la asamblea extraordinaria?
Daniel Quintero (D. Q.): Permítame poner el contexto. Lo primero que hay que explicar es que Tigo es una empresa de mayoría pública, pero administrada y controlada por una empresa de Luxemburgo llamada Millicom, que desde el 2014 adquirió el control después de un proceso de fusión muy cuestionado, en el que Aníbal Gaviria, siendo alcalde de la ciudad, les entrega el control; en el que se prometieron muchas cosas a la ciudad y a EPM. Que iba a ser una administración eficiente, rigurosa, y que eso iba a generar unas utilidades muy relevantes. Para entonces, UNE era una empresa ciento por ciento pública, propiedad de EPM, que a su vez es una empresa ciento por ciento pública, exitosa, que presta un servicio maravilloso.
Después de ese proceso de fusión, lo que hemos observado -desde entonces- es que vendieron las torres para luego alquilarlas, despidieron a los empleados, deterioraron la calidad del servicio y empezaron a destruir el valor patrimonial de la empresa, al punto que en los últimos 10 años se ha perdido al menos el 96 % de ese valor. Hace unos días Millicom le informó a EPM que estaba a punto de quebrar y que si no se hacían varias acciones, entonces la empresa no tenía escapatoria.
La primera de ellas es una capitalización por 600.000 millones de pesos por parte de los dos accionistas de EPM y de Millicom. Esto implicaría que EPM tendría que poner 300.000 millones de pesos públicos al servicio de esta empresa privada, de Millicom.
Después de hacer un riguroso análisis de la información presentada por Millicom, EPM no ve hoy condiciones para hacer esa capitalización y lo que ha hecho Millicom -en una asamblea extraordinaria- es entonces aprobar una dilución forzosa de EPM, pero por fuera de valores de mercado, en la que dejaría a EPM solo con el 2 % de la empresa sin pasar por el Concejo, de espaldas a la ciudad y violando la ley y los acuerdos que exigen precisamente que se requiere el voto de EPM para hacer un movimiento accionario de ese tipo.
SEMANA: Millicom dijo que EPM no ha sido diluido y que mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital, ¿cuál es la situación entonces ante esta declaración de Millicom?
D. Q.: Lo primero es que están mintiendo. EPM anunció desde ayer que no entraba en la capitalización. Invitó a una asamblea en la que se iba a discutir la capitalización y de forma sorpresiva cambió el orden del día y lo que propuso de forma inmediata fue una dilución. Incluso presentó un reglamento de dilución en el que deja a EPM con el 2 %. Como EPM se negó a votar ese proceso de dilución que requería mayorías especiales, lo que hizo Millicom fue desde la asamblea ordenar a la junta tomar la decisión, pero con mayorías simples; es decir, sin el voto de EPM. Y lo que pretende ahora el próximo viernes es que la junta directiva apruebe ese reglamento.
SEMANA: ¿Cómo lo hará?
D. Q.: Tiene una batería, una estrategia consolidada en la que va a buscar que se aplique la responsabilidad fiduciaria, o más bien que se obligue a los funcionarios de EPM a votar ese reglamento presentado por la asamblea de accionistas. Es una estrategia muy bien confeccionada, muy bien direccionada, muy inteligente desde el punto de vista de los intereses de Millicom, pero que deja a EPM y a Medellín solo con el 2 % de la empresa.
SEMANA: En ese contexto, ¿ustedes qué van a hacer desde el punto de vista legal?
D. Q.: Estamos con los abogados. Vamos a impugnar la asamblea extraordinaria que se realizó el jueves 13 de septiembre, dado que hay unas irregularidades gigantes en el proceso. El acuerdo 45 y los acuerdos en general en el Concejo han establecido que cualquier proceso de dilución, dado que la empresa hoy es pública, tienen que pasar por el Concejo de la Ciudad.
Nosotros incluso llevábamos casi cuatro años, presentando al Concejo de la ciudad la solicitud de que aprobara el rescate de los recursos públicos que estaban al interior de Tigo a través de una cláusula que se llamaba la de protección del patrimonio público. Y fue cinco veces negada en el Concejo. Prueba clara de que hay que ir al Concejo para poder lograr cualquier proceso de dilución.
Millicom lo que está procurando es no tener que ir al Concejo para poder asignarle el valor que ella quiera a la acción. Y luego a través de una estrategia de responsabilidad fiduciaria, obligar a los miembros de la Junta Directiva, ya no de la Asamblea sino de la Junta Directiva, a aprobar esa dilución de forma forzosa.
SEMANA: Si ustedes impugnan la Asamblea, ¿qué pasa con la reunión del viernes?
D. Q.: Estamos en medio de eso, porque además nos sorprendieron. Nosotros no nos esperábamos esa acción por parte de Millicom. Nosotros tuvimos una reunión con el Gobierno nacional en la que estuvieron los superintendentes tanto de Industria y Comercio como de Sociedades, donde estuvo el ministro de las TIC, el alto consejero para las telecomunicaciones.
Y lo que había presentado Tigo hasta ese momento era un camino completamente diferente en el que las partes acordaban analizar la opción de capitalizar. Tigo se comprometió a presentar una información que demostrara que el negocio cerraba, en especial que la plata de la capitalización no se iba a perder, que no iba a ser utilizada como contragarantía de pólizas. Y lamentablemente en el camino nos dimos cuenta de que no solo Tigo no tenía esa información, Millicom no tenía esa información, sino que mucha de la información que le presentó al Gobierno nacional en la mesa con el MinTIC era falsa.
Luego nos sorprende con esta estrategia de toma hostil. Aquí estamos en esta toma hostil por un administrador que es Millicom, que debe ser rechazada y se deben activar todos los mecanismos, no solo los jurídicos al interior de la asamblea o de la junta de EPM y de Millicom y de Tigo, sino también que se tienen que activar las superintendencias, la de Sociedades, la Financiera, la Contraloría, incluso la Fiscalía porque consideramos nosotros que se están cometiendo delitos.
SEMANA: ¿Cuál es la situación hoy de Tigo?
D. Q.: Tigo viene teniendo pérdidas de cerca de 400.000 millones de pesos al año. Antes del 15 de octubre tiene que pagar a bancos más de 250.000 millones de pesos. Ha dicho que no tiene con qué pagarlos. Y adicionalmente tiene que pagar 250.000 millones de pesos por el uso del espectro al Gobierno nacional, pero para poder firmar ese contrato necesita una póliza por 200 millones de dólares que cubra los pagos futuros que tiene que hacer Tigo por 200 millones de dólares. BTG Pactual nos ha informado que le ha negado esa póliza a Tigo dado que en principio no cree que Tigo sea capaz de cumplir con sus obligaciones hacia adelante. Eso lo estoy hablando en especial de lo que pasó en la reunión con el Gobierno nacional. Tigo en esa reunión dijo que si nosotros capitalizábamos, que si mostrábamos confianza en el negocio, entonces que eventualmente BTG Pactual podría poner la póliza.
Sin embargo, fuimos enterados, por parte incluso de Tigo mismo, de que ellos definitivamente no creen que Tigo pueda cumplir con los compromisos y que requerirían cerca de 500.000 millones de pesos de los accionistas en una contra garantía.
Es decir que, si eventualmente Tigo no paga, se tomarían los recursos de los accionistas. Dado que nosotros somos servidores públicos, para poder poner una garantía de ese tipo tenemos que, y ante la alerta que nos hace el mismo BTG Pactual, tener la certeza de que la plata no se va a perder, y pues no es el caso.
SEMANA: ¿Esa fue la razón para no capitalizar?
D. Q.: Por esa razón es que EPM toma la decisión de no participar en la capitalización. Ahí es cuando entonces el Gobierno nacional pone una fecha límite, hasta el 9 de octubre. Si ese día no ha ocurrido una capitalización de algún tipo, o una dilución, entonces el Gobierno entra a hacer una reorganización.
SEMANA: ¿Millicon les mintió a ustedes?
D. Q.: Claro, totalmente. Nos ha mentido ya varias veces. Lo de Millicom es reiterativo, y las mentiras no empezaron en esta asamblea. Millicom, por ejemplo, no le contó a EPM que estaba vendiendo la infraestructura física.
Tampoco nos contó que estaba haciendo una alianza con Telefónica. Solo hasta hace unos meses nos contó que iba a tener unas necesidades de capitalización e, incluso, varias veces ha cambiado la cifra. Nosotros íbamos a llegar a un acuerdo de capitalización en el que EPM ponía 75.000 millones de pesos, y entonces es cuando somos informados que BTG Pactual le había negado la póliza a Tigo. Y, por tanto, esa capitalización que íbamos a hacer, pues se iba a perder, porque sin póliza no hay empresa. Sin póliza es obligatoria una intervención por parte del Estado. Íbamos a poner 75.000 millones de pesos que se iban a perder. Luego, Tigo, una vez nosotros les ponemos en conocimiento que sabemos la decisión de BTG Pactual, ahí es cuando nos pide una capitalización aún mayor, ya es una capitalización en total por 600.000 millones de pesos, para crear una contragarantía. Y eso pone a EPM en una situación muy compleja, porque los recursos que nos están pidiendo son recursos públicos, son recursos de los ciudadanos de Medellín y de los colombianos en general, y a una empresa que viene mal administrando a Tigo, pues no es fácil entregarle esa plata.
SEMANA: ¿Cuáles son las soluciones o las salidas?
D. Q.: Hay dos: una reorganización por parte del Gobierno nacional, o una dilución, claro está, pero esa dilución no puede ser a cualquier valor, como hoy está pretendiendo Millicom, al punto de llevarnos al 2 %, y tampoco puede ser ni de espaldas a la ciudad ni sin pasar por el Concejo de la Ciudad, que eso ya es una violación a la ley, y eso es lo que hoy está pretendiendo hacer Millicom con jugadas jurídicas que son terribles.
Millicom ha sido una empresa que se ha comportado mal como administrador de Tigo-UNE. No ha entregado nunca utilidades, ha vendido las torres, ha despedido a los empleados, de forma reiterada ha utilizado su poder de control para llevar a Tigo a decisiones en las que no nos sentimos cómodos. En ese orden de ideas hoy estamos viendo el final de la materialización de un mal gobierno y de una estrategia de dilución de los intereses de los accionistas.
Aquí quiénes están perdiendo, pues en este caso EPM como accionista, y por tanto la ciudad, Colombia, los colombianos, que vemos cómo otra vez una empresa pública es completamente despedazada por parte de una empresa privada. Esto es lo mismo que había pasado con Telecom hace unos años, curiosamente aquí se vuelve a repetir la historia, y los mismos actores.
SEMANA: ¿Por qué?
D. Q.: En Telecom fue Álvaro Uribe Vélez el que estuvo ahí presente, pues en esta, curiosamente en 2014 cuando se da la venta de la pérdida del control de UNE y se le entrega a Millicom, otra vez aparece Uribe y el equipo de Uribe a través del hermano de Andrés Guerra, que es Bernardo Guerra. Cambia el voto en el último minuto y eso permite que Millicom obtenga el control de la empresa. En estos cuatro años como alcalde yo presenté cinco veces solicitud al Concejo de la Ciudad para activar una cláusula de protección que permitiera recuperar la plata que teníamos y una llamada de Uribe a último minuto hizo que los concejales del Centro Democrático, y algo que han llamado el Pacto de Chuscalito, votaran en contra, y esa posición se ha mantenido en el Concejo. Hoy estamos en un panorama que realmente nos duele como antioqueños, nos duele como colombianos. Medellín es lo que es gracias a sus empresas públicas. Nosotros, de una forma poco convencional, extraordinaria diría yo, hemos conservado y cuidado lo público, las empresas públicas, hasta crear un modelo de gobernanza y de protección de lo público que está en el ADN de los ciudadanos que cuidan y protegen sus empresas públicas, y por eso aquí hay empresas públicas rentables, exitosas. EPM es la segunda empresa más grande del país, tiene más de 60 empresas asociadas a ella mientras que en el resto del país las empresas públicas han terminado desapareciendo. Cuando esto nos pasa con UNE es literalmente como si nos mataran la mamá.
El dolor que hoy sentimos los antioqueños es muy fuerte, es muy grande y vernos de alguna manera también expuestos o enfrentados a una batería de abogados y de expertos jurídicos para quitarnos el presupuesto público, pues es muy doloroso.
SEMANA: ¿Qué viene sobre el tema de una posible negociación o de un acuerdo con Millicom? ¿Realmente están totalmente rotos los vasos comunicantes?
D. Q.: La confianza está rota, pero nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando hasta el último minuto por preservar los recursos públicos, eso lo vamos a hacer hasta el último segundo, lo hemos hecho desde el primer día de nuestro gobierno y no vamos a parar en ese propósito ahora. Las últimas maniobras jurídicas que ha realizado Millicom son sin duda hostiles y demuestran ya una cara de Millicom descarada y atrevida, irrespetuosa con el ordenamiento legal colombiano y por tanto ya en ese punto se necesita el acompañamiento y la intervención de las autoridades colombianas para que no estemos ante otra historia de destrucción de patrimonio público.
SEMANA: ¿Cuál es el acuerdo de accionistas que ustedes mencionaron que se rompió con Millicom? Y si el Concejo no aprueba la dilución, ¿qué hace Millicom?
D. Q.: Cuando se hace la entrega del control de UNE a Millicom se hace a través de un acuerdo en el Concejo, que es el acuerdo número 17 del año 2013, y que autorizó la entrega del control, pero puso varias condiciones. Una de ellas es que la empresa se mantendría pública y el punto C de ese acuerdo, que además quedó también en el acuerdo de accionistas, dice que las decisiones que afecten la existencia, el objeto, la naturaleza jurídica, la composición accionaria deberán ser tomadas con el voto favorable de los accionistas públicos, es decir, de EPM, que es el accionista público.
SEMANA: En su concepto, ¿qué está tratando de hacer Millicom?
D. Q.: Lo que está tratando de hacer en este momento Millicom es llevar a una dilución al valor y términos que ellos quieran sin el voto de EPM, pero además sin derogar el acuerdo que exige que la empresa sea pública.
Nosotros incluso ya autorizamos, en caso de ser necesario, a Tigo para que ellos se presenten ante el Concejo de la Ciudad y tramiten ese proceso; pero además, entre otras, le digan a la ciudad a través de su Consejo en cuánto nos van a diluir. No es lo mismo que nos diluyan en el 10 % que en el 98 %, como lo están haciendo en este caso.
SEMANA: ¿Por qué asegura que los están diluyendo en ese porcentaje?
D. Q.: Porque en la Asamblea de Accionistas no solo votan con mayoría simple, es decir, sin el voto de EPM, sino que de una vez se presenta un reglamento en el que nos ponen precisamente en ese porcentaje, en el 2 %, si no adquirimos las acciones que son emitidas. En resumen, es una violación completa al acuerdo de accionistas y al acuerdo en el Concejo que permitió precisamente que esta empresa pública fuera administrada por Millicom.
SEMANA: Si EPM tiene el 50 % de Tigo-UNE y Millicom el 49 %, ¿por qué en la votación pierden ustedes?
D. Q.: Porque cuando se entrega el control se permite que ellos tengan cuatro miembros en la Junta Directiva y nosotros tres, a pesar de que en términos accionarios nosotros tenemos la mayoría. Es un modelo bastante particular porque es una empresa pública, incluso hace contratos interadministrativos, eso hace que por ejemplo hoy el Metro de Medellín, el mismo EPM y otras empresas públicas hayan hecho contratos directos con Tigo y que además dependan de Tigo para el funcionamiento del Metro y la operación de las cámaras de seguridad de la ciudad.
Estos son contratos que nacieron antes de que yo llegara a la a Alcaldía, pero el control lo tiene la empresa privada. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Lamentablemente los públicos resultamos ser muy malos socios, yo los llamo socios bobos. Cuando el que administra es una empresa privada y ahí es cuando se empieza a destruir el patrimonio público, se presentan pérdidas de forma reiterada, se vende la propiedad física de la empresa curiosamente a empresas en el exterior de las que ellos han sido accionistas y empieza uno a ver una serie de flujos económicos y de pagos desde Colombia al exterior en otros países, se ha demostrado que son ejercicios en los que simplemente se está sacando la plata del país y se está diluyendo el patrimonio de la empresa.
SEMANA: Además de la impugnación, ¿van a ejercer algún tipo de demanda frente a Millicom?
D. Q.: Nosotros vamos a ejercer todas las herramientas legales que tengamos para poder proteger el patrimonio público, entendiendo que Tigo es una empresa pública y que incluso el gerente es un funcionario público, pues acá hay unas responsabilidades fiscales por las que tienen que responder los responsables de esta destrucción que ha ocurrido durante estos años.
Pero también el hecho de violar el acuerdo de accionistas de forma flagrante no solo comporta irregularidades administrativas, sino también penales por cuanto -insisto- estamos hablando de recursos públicos. Quien toca los recursos de la gente debe pagar por ello.
SEMANA: Seguramente habrá un choque de trenes en el sentido en que se supone que este proceso tiene que pasar por el Concejo y la estrategia jurídica de Millicom…
D. Q.: Ahí es donde las autoridades tienen que intervenir, en especial la SuperSociedades y la SuperFinanciera. Nosotros hemos hablado y hemos enviado comunicaciones a las superintendencias y esperamos que ellos nos ayuden a dirimir esto, pero ya hemos consultado un equipo de abogados para que nos acompañen en este proceso.
SEMANA: ¿Y qué va a pasar de aquí al 9 de octubre?
D. Q.: Lo que debería pasar es que Tigo y Millicom presenten al Concejo de la ciudad la derogatoria del artículo y del literal que protegía que garantizaba que Tigo-UNE fuera una empresa pública, pero adicionalmente que le presenten a la ciudad cuál es el monto de inversión que van a hacer y por cuánto nos van a diluir, que definitivamente no va a ser al 98 %, como lo han presentado. Adicionalmente, deben presentar cuál es su plan de salvamento de la empresa. Es decir, una mentira sobre la otra y ya uno realmente en este punto no sabe si todo esto fue una estrategia para diluir nuestra participación, o la otra realmente es que estamos ante la peor administración de una empresa de telecomunicaciones en los últimos años en Colombia.
SEMANA: ¿Cuánto vale Tigo-UNE hoy?
D. Q.: La última valoración de mercado que hicimos es de tres billones de pesos, que además fue el año pasado. Ellos vienen presentando pérdidas contables y por eso también hay que confesar que nosotros hemos perdido toda confianza en la información y en las comunicaciones y las proyecciones de mercado que han venido realizando.
Una empresa con 14 millones de usuarios no puede decir que ahora va a aplicar una dilución por 300.000 millones de pesos y nos va a dejar con el 2 % de la compañía.