Un abogado constitucionalista, identificado como Edier Esteban Manco Pineda, radicó una demanda contra la Alcaldía de Medellín por las vallas y cercas que fueron instaladas en la Plaza Botero y en el Parque Lleras a principios de este año.
En ambos sitios se implementaron ese tipo de medidas restrictivas para frenar los altos índices de inseguridad que espantaron a los turistas, según la administración Distrital.
Sin embargo, en la demanda interpuesta, Manco Pineda alega que dichas medidas suponen una vulneración para los derechos colectivos y solicita que se ordene la reapertura inmediata de los espacios públicos. El recurso fue admitido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín.
“(Que se) ordene el inmediato retiro de las vallas o cerca que están alrededor de la plaza pública Plaza Botero y del Parque Lleras de Medellín, mientras la judicatura decide de fondo el problema constitucional planteado de la estrategia de seguridad”, se lee en el documento.
Resulta que la Alcaldía distrital explicó que los cerramientos permitirían disminuir los índices de delincuencia en esos lugares. Pues bien, el pasado 28 de marzo, el abogado Manco Pineda envió un derecho de petición para que las administración sustentara dicha decisión y conocer los estudios y análisis formales que se habrían tenido en cuenta para instalar las vallas y cercas.
Tras no recibir respuesta, Edier Esteban procedió a formular la demanda. “Las plazas públicas no son propiedades del Estado, son bienes de uso público. El Estado no se comporta como propietario, sino como un garante. El Consejo de Estado ha caracterizado ese derecho y señala que no debe haber ningún intermediario para que las personas gocen de ese bien de uso público”.
Según quedó establecido en el auto del juzgado, la solicitud consiste en reabrir tanto la Plaza Botero como el Parque Llera mientras se determina si los cierres se ajustan a la Constitución.
Así las cosas, la Alcaldía tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación, para entregar un concepto sobre el recurso y difundir su existencia. Entre tanto, el acalde Daniel Quintero se pronunció a través de su cuenta de Twitter.
“Pido a jueza que estudia demanda para quitar seguridad del Lleras y Plazoleta Botero que antes de tomar una decisión vea la recuperación del sector: Los únicos excluidos son los delincuentes que se dedicaban a la explotación infantil, la trata y a robar”, trinó el mandatario.
Cabe recordar que a principios de marzo, más de 50 ciudadanos reconocidos en la opinión pública le pidieron a Quintero encontrar otra salida para enfrentar el deterioro social y humano, distinta a los cerramientos.
Interpretaron que el cerramiento es una imposición al espacio democrático que se ha construido desde el sector público y privado desde hace varios años. Las críticas de los firmantes fueron más allá: no comulgan con “cualquier solución simplista, de corto plazo”.
“Esta carta es para pedirle que no haga el cerramiento de la plaza Botero y que, de manera concertada, encontremos juntos una mejor solución para los graves problemas de deterioro social y humano que se evidencian en esta parte del centro”, sugirieron en ese momento.
En la hoja aparecen Luis Peláez, diputado de Antioquia y Daniel Duque, concejal de Medellín, quienes tendrían aspiraciones electorales este octubre de este año; Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia; y Marta Villa, exintegrante de la Comisión de la Verdad en esta región del país.
También Putamente Poderosas, ONG que defiende los derechos humanos de las mujeres, diversidades y de sus familias; Paola Cárdenas, Fundación Confiar; Paula Jaramillo, periodista y gestora cultural; y Pilar Velilla, exdirectora del Museo de Antioquia, entre otros ciudadanos de la capital del departamento.