La aglomeración de detenidos en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá cada día es más preocupante. Donde caben 20, puede haber hasta 150 personas. Esta vez, se han conocido videos en redes sociales de la Estación de Policía de Bello, donde el hacinamiento se ha convertido en una delicada problemática de salubridad para esta población.
Bernardo García, personero de Bello, contó que frente a esta situación presentaron una solicitud ante el Tribunal Superior de Medellín y ganaron una tutela en segunda instancia para trasladar a algunos detenidos e intervenir las condiciones en la que están estas personas.
“Es muy satisfactorio la decisión tomada por el Tribunal de Medellín, donde reitera y garantiza los derechos de las personas privadas de la libertad. Es un logro para ellos, para sus familias y donde ratifica el compromiso de la Personería de Bello por las personas privadas de la libertad. En esta decisión trascendental, reiteró el compromiso y ordenó a las entidades territoriales en garantizar los derechos fundamentales a la salud, a un espacio libre de hacinamiento, a la alimentación y a la posibilidad que tengan de pasar una noche en un lugar dignamente. Desde nuestra personería estaremos vigilantes, para que lo ordenado en la acción de tutela, sea cumplido por las entidades correspondientes al pie de la letra”, sostuvo García.
Así las cosas, a la Policía Metropolitana exigieron que en el término de ocho días hábiles se realice el traslado correspondiente de las personas a las que se haya concedido la detención domiciliaria. Además, tras este fallo le ordenaron al Inpec que en el término de 30 días asigne un centro de reclusión del departamento para la distribución de estas personas.
Esta situación no solo se vive en este municipio. En Medellín, la Personería volvió a encender las alarmas por las condiciones críticas en las que se encuentra la población privada de la libertad en la capital de Antioquia. De acuerdo con los análisis adelantados en los últimos días, el hacinamiento en los centros de detención transitoria supera el 800 % de su capacidad.
La grave situación de los derechos humanos se ha identificado en las estaciones de la Policía Nacional, unidades de reacción inmediata y salas de paso que no están diseñadas para cumplir con las obligaciones que hoy están asumiendo: atender por un largo período a las personas que están a la espera de resolver su situación judicial en el Valle de Aburrá.
Con corte al 7 de octubre, en esta región del país están recluidos por fuera de los centros carcelarios cerca 1.801 ciudadanos mientras llegan sus sentencias. En los penales no han sido acogidos porque también están a reventar. Con base en los índices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la sobreocupación es del 98 %.
Ese número es aterrizado por el defensor de los derechos de la población privada de la libertad en Antioquia, Jorge Carmona. En sus visitas identificó que la carencia de la oferta se puede evidenciar en cada rincón de los espacios donde están los reclusos. Además, denuncia supuestos incumplimientos en los alimentos y los servicios de salud.
“Es realmente preocupante, indignante, humillante, discriminatorio e inhumano. No pueden olvidar que estas personas, así sean condenadas, sindicadas, culpables o inocentes, aún no han perdido la condición de seres humanos y deben ser tratadas como tal. Este problema ya lleva de diez largos años”, señaló el veedor ciudadano.
La condición más crítica se mantiene en las instalaciones de la Sijín. Si bien hay camas para veinte personas, en este momento las autoridades están atendiendo a 397. El colapso es total y no hay respuestas a la vista para mejorar el paso de los procesados. El Ministerio Público entregó la siguiente cifra: la sobrepoblación es del 1.885 %.
Ese escenario también se repite en el resto de los espacios que están siendo destinados para esta población, conforme al informe emitido en las últimas horas por la Personería Distrital de Medellín: Comuna 1 Popular (820 %), Belén (740 %), El Poblado (700 %), Doce de Octubre (567 %), San Javier (480 %), Laureles (403 %) y Castilla (380 %).