La temporada de lluvias ha afectado a todo el país, generando inundaciones en algunos territorios. Una de las regiones más afectadas ha sido La Mojana, debido a que el nivel del agua ha aumentado y, adicionalmente, tiene concentraciones de contaminación.
El territorio está en alerta roja, por el hecho que está recibiendo aguas infectadas con mercurio provenientes de los distritos mineros del nordeste de Antioquia y San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, donde se practica la minería de aluvión.
Con más de un millón de hectáreas que se extienden entre los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, La Mojana no solo es el lugar donde habitan alrededor de 400 mil personas de 11 municipios y cuatro departamentos, sino que es considerada la despensa agrícola de Colombia, por el hecho que es el potencial productivo que certifica gran parte del abastecimiento nacional.
En región confluyen los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, lo cual la hace un punto estratégico importante. Sin embargo, el abandono nacional y gubernamental es evidente, por lo que no hay una solución para proporcionar agua potable. Anualmente, los habitantes se ven obligados a soportar las afecciones causadas por las inclementes lluvias, que limitan su potencial y dan pie a que vivan en condición de pobreza extrema.
Es por ello que, desde el Congreso, le hacen un llamado al Estado para que haga presencia en el sitio y, en aras del cambio que prometen, ofrezcan una mejor calidad de vida para los habitantes.
Durante la sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, la congresista Liliana Bitar Castilla, del Partido Conservador, indicó que “los habitantes de La Mojana han clamado por soluciones desde el 2021, pero el tiempo ha pasado, incluso hemos visto dos temporadas donde las lluvias han menguado, sin que las soluciones lleguen, y La Mojana sigue bajo el agua”.
Adicionalmente, indicó que en promedio los agricultores pierden entre 100 y 300 hectáreas, en grandes extensiones de arroz y pan coger. También se ha visto afectado el gremio de ganaderos, porque los vacunos son arrastrados por las corrientes, y, de otro lado, no encuentran el pasto suficiente para sobrevivir.
Concluyó su intervención haciéndole un llamado al Gobierno Nacional, para que entregue una solución definitiva a estas familias que hoy viven en la incertidumbre. Expresó la congresista: “Solo en mi departamento, hay más de 37 mil damnificados, y cerca de 150 mil en los 11 municipios que integran la región”. Manifestó además su preocupación por el inicio de la nueva temporada de lluvias, y agregó que “el boquete de Cara de Gato completa 18 meses y la Unidad de gestión de riesgo no resuelve”.
En la misma línea, la senadora Karina Espinosa Oliver lamentó el vencimiento de un préstamo económico de 1.8 billones de pesos, el cual había estado dispuesto para mejorar la situación. Sin embargo, el plazo se culminó y no se ejecutó en la zona. La legisladora manifestó: “No queremos más estudios; llevamos más de 40 años haciendo estudios. Le pedimos al Presidente de la República, de quien sabemos tiene buenas intenciones, que le dé prelación a las buenas acciones”.
No obstante, destacó el trabajo que adelantan los alcaldes y gobernadores con las comunidades para el cierre definitivo de Cara de Gato (boquete donde se concentra el agua) y planteó la reconstrucción del sistema hidráulico.
En adición, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en cabeza de su director, Javier Pava, reconoció en la comisión, celebrado en San Marcos Sucre, que es necesario contratar nueva maquinaria, de mayor capacidad, y hacer la ampliación que requiere el Canal de La Esperanza, “el cierre se va a dar, sumaremos nuestra alternativa con la planteada por el gobernador de Sucre y resolveremos el problema conjuntamente”, manifestó.
Finalmente, se acordó trabajar en paralelo con las gobernaciones regionales y alcaldes de los municipios afectados; lo anterior, con el fin de continuar el cierre artesanal de Cara de Gato, con recursos aportados por la comunidad y gobiernos seccionales.