La Gobernación de Antioquia dio a conocer que cincuenta miembros de una comunidad indígena del municipio de Frontino se desplazaron de sus territorios por cuenta de las amenazas que estarían emitiendo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Aunque la organización delincuencial cesó por una temporada, las intimidaciones, habrían vuelto. Este sector les resulta atractivo por su extensa selva y las rutas que facilitan el trasladado de sus economías ilícitas por las subregiones del departamento.
Al parecer, además de los chantajes, estarían imponiendo extorsiones que empujaron a las personas hacia sectores más seguros. El mandatario de los antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, dijo que la información recopilada responsabilizaría al Clan del Golfo.
“Allí está la presencia de uno de estos grupos armados al margen de la ley. La información preliminar que tengo es que son miembros del Clan del Golfo que han amenazado a estas comunidades” que ya reciben acompañamiento de las diferentes autoridades.
A juicio del gobernador, este escenario pondría en evidencia una vez más los cuestionamientos sobre la verdadera disposición que tendría la organización delincuencial para tramitar hacia la legalidad en el marco del proyecto de la ‘paz total’.
“Eso reitera mi denuncia sobre la incongruencia y los vacíos de ese proceso de paz total en los temas que tienen que ver con cese al fuego, cese de hostilidades y, sobre todo, verificaciones”. No son exclusivos los desplazamientos, también los reclutamientos.
En varios rincones de Antioquia, las estructuras que están montadas en esta iniciativa del Gobierno nacional estarían fomentando las afectaciones a los civiles y a la fuerza pública. Hay preocupación por los efectos en las subregiones del Bajo Cauca, norte y nordeste.
Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es señalado de reclutar a siete menores de edad en el último mes en el municipio de Yarumal (Antioquia). Al parecer, con falsas promesas los sacan de las aulas de clases para que carguen fusiles y se unan a la guerra.
Aunque las autoridades locales sostienen esta cifra, la Fundación Sumapaz tiene reportado que quince menores fueron tomados por la guerrilla recientemente. Lo cierto es que el número va en aumento y el fenómeno criminal no es nuevo, según la Gobernación.
Este pueblo es centro de confrontación por parte de tres fuerzas delincuenciales. En la lista aparecen el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Al parecer, todos han acudido a la instrumentalización de los más pequeños para hacerse contrapeso en las batallas.
El alcalde Miguel Ángel Peláez Henao considera que la presencia histórica de estos actores motiva a los jóvenes a incluir en sus proyectos de vida la ilegalidad: “Es doloroso, pero eso nos ha reportado la comunidad. Presuntamente, todos se van por voluntad propia”.
También suma la falta de oportunidades y los problemas que tienen al interior de los hogares que los hace pensar que es más fácil la vida con ellos. Sin embargo, “no podemos desestimar que es reclutamiento forzado y tenemos la obligación que protegerlos”.
Casi todas las víctimas están ubicadas en los centros poblados de El Pueblito y El Cedro. Este último fue noticia hace varias semanas por la toma de guerrilleros en las aulas de clases. Ellos se pasearon por los colegios con armas y distribuyendo cuadernos.
También motivaron a los alumnos a colorear los símbolos representativos de las disidencias de las Farc e hicieron rondas con sus cánticos. Esto generó un rechazo absoluto y las autoridades lo calificaron como una violación al cese al fuego de hostilidades.
A pesar del malestar y las ampollas que levantó, el comportamiento no ha parado. Ellos seguirían motivando a los niños para que se unan a su “lucha”, mientras tramitan la transición a la legalidad por medio del proyecto de la paz total de Gobierno nacional.