La Procuraduría General de la Nación entregó detalles de una investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la ejecución de un millonario contrato en la Alcaldía de Bello, Antioquia, que enreda la gestión del exalcalde Óscar Pérez, condenado por corrupción.
El proceso se remonta al mes de abril de 2020, cuando la administración solicitó el abastecimiento de alcohol, bolsas de residuos, camillas detergentes, gel, jabón y otros artículos para mitigar los riesgos de contagio del coronavirus.
Al parecer, estos materiales fueron distribuidos entre funcionarios de la Alcaldía, la Policía, el Ejército, los Bomberos y la Defensa Civil, cuya inversión superó los $1.900 millones. Sin embargo, la Procuraduría sospecha de supuestos sobrecostos en los artículos.
Posiblemente, el entonces mandatario local habría participado en la actividad precontractual del negocio, donde se habrían determinado los precios unitarios por encima del estimado en el mercado.
Así lo determinó, parcialmente, un informe técnico que sostendría un detrimento patrimonial que superaría los 230 millones de pesos. Frente a este escenario, le profirió cargos a Óscar Pérez para que responda por los presuntos sobrecostos en la contratación.
También fue vinculado al proceso el asesor de la oficina de Gestión del Riesgo de Bello, Wber Zapata, porque habría aceptado la propuesta con esos valores y no reportó, en calidad de supervisor de la iniciativa, las posibles alteraciones en los precios de los productos.
“El ente de control calificó, provisionalmente, la falta de los servidores como gravísima, a título de culpa gravísima”, se lee en un comunicado del ente de control disciplinario. De momento, el exmandatario no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo.
Corrupción en Bello
El Tribunal Superior de Medellín condenó a diez años de prisión al exalcalde del municipio de Bello, Antioquia, por irregularidades en un proyecto de 180 millones de pesos que ejecutó en 2010. El funcionario abandonó el cargo 24 horas antes de conocerse esta decisión.
Óscar Andrés Pérez Muñoz deberá estar privado de la libertad durante 120 meses por cometer el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, en ese tiempo no podrá ejercer cargos públicos y deberá pagar una sanción económica.
Esta misma determinación cobijó a Hans de Jesús Wagner Jaramillo y a Harold de Jesús Hincapié Rivera. En efecto, los magistrados ordenaron la captura y podrán refutar la sentencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En medio de las investigaciones que se remontan a un contrato de 2010, el Tribunal Superior de Medellín aseguró que el entonces alcalde “incumplió [con los] principios de orden constitucional en detrimento del bien jurídico de la administración pública”.
Él entregó 180 millones de pesos a un privado a cambio de adelantar las elecciones del Consejo Municipal de Juventud de esa época, pero no se cumplieron los objetivos en su totalidad y, aun así, transfirió el dinero, entre otras irregularidades puestas en evidencia.
“No se hicieron capacitaciones a jurados, testigos y candidatos; actividades contratadas fueron realizadas por dependencias del municipio; el contrato era para iniciar el primero de octubre de 2010, pero empezó el primero de septiembre de 2010, actividades que, realizadas por fuera del tiempo del contrato, se pagaron; dicho contrato no era necesario porque su objeto podía ser ejecutado por las secretarías del municipio; se autorizaron pagos sin haber cumplido las exigencias del contrato”, comentó la Fiscalía General de la Nación.
Además, el ente de acusación reveló que no hubo un análisis técnico ni económico del valor del contrato y la selección del oferente se hizo antes de que Bello contara con la disponibilidad presupuestal.