Un juez privó de la libertad al alcalde del municipio de Barbosa, Antioquia, y a dos secretarios de despacho por haber protagonizado un presunto caso de corrupción. Al parecer, ejecutaron un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Las supuestas irregularidades estarían en cinco contratos por un valor superior a los 165 millones de pesos que tenían el propósito de suministrar alimentos a los asistentes de capacitaciones y para los integrantes de la fuerza pública.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública del departamento, los convenios se habrían firmado con una mujer que habría aportado diez millones de pesos a la campaña del actual alcalde, Édgar Gallego.
El ente de acusación advirtió que la beneficiaria estaba impedida para tomar el control de esa contratación. Sin embargo, le habrían dado la bendición el mandatario local la secretaria de Gobierno, Lorena Torres, y el secretario de servicios, Rogelio Córdoba.
Ellos fueron señalados de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por lo que deberán estar detenidos en su domicilio mientras avanza el proceso.
La Fiscalía advirtió que el alcalde de Barbosa tiene otras dos investigaciones en etapa de juicio por presuntas irregularidades en la celebración de igual número de contratos que fueron suscritos durante la pandemia generada por el coronavirus.
“Uno, para la prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas, operáticas y asistenciales para la atención de la emergencia nacional por el covid-19 y, otro, para la adquisición de alimentos y refrigerios para la población vulnerable y personal del equipo técnico encargado de atender la emergencia”, reseñó la entidad.
Mujer trans se enamoró de un menor y presuntamente lo habría matado por celos: detalles del crimen que conmueve a Medellín
La Fiscalía reconstruyó el crimen de Alexis Gómez, el menor de 15 años que fue secuestrado en la comuna 13 de Medellín y hallado sin vida en el corregimiento San Sebastián de Palmitas en el mes de junio. Alias Natalia, integrante de la comunidad LGBTI, es la principal sospechosa.
Ambos eran vecinos, forjaron una amistad y eran frecuentes sus encuentros. Al parecer, construyeron una relación consensuada mediada por regalos y obsequios. Sin embargo, el adolescente habría fijado su mirada en otra persona y eso desencadenó el malestar de la supuesta homicida.
El último día que lo vieron con vida fue el 3 de junio en el barrio El Salado junto a la mujer. Misteriosamente, ella también se perdió del radar. Ocho días después, el cadáver de Gómez apareció en una zona boscosa de la ciudad con una herida en el cuello producida con un arma blanca.
Un informe de Medicina Legal reseñó que, posiblemente, el asesinato se produjo dos días antes del hallazgo, y hay pruebas de la Fiscalía que sostendrían que ambas personas habrían estado en el lugar donde fueron encontrados los restos.
El CTI aseguró que Natalia salió de Medellín con destino a Cali cuando se reportó la desaparición, retornó mientras se adelantaba la búsqueda y volvió a huir cuando recuperaron el cuerpo.
Supuestamente, estaría esquivando el control de las autoridades para responder por el hecho. Mientras en las calles de la comuna 13 se hacían manifestaciones para exigir resultados en los estudios judiciales y algunos ciudadanos expresaban la intensión de tomar justicia por mano propia.
Cuando lloraban al fallecido, ella se ubicó en Buenaventura. Allí empezó a trabajar y fue capturada en las últimas horas por los presuntos delitos de homicidio, secuestro y hurto, todas las conductas agravadas. Sin embargo, desconoció las responsabilidades y no aceptó los cargos.