La hora cero para Hidroituango y su futuro contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) se conocerá este jueves, 7 de diciembre, cuando la exministra de Justicia y exconsejera de Estado, Ruth Stella Correa, y los abogados Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander, quienes son los árbitros de la Cámara de Comercio de Medellín, den el veredicto final respecto a la billonaria demanda por 1.123.476′754.237 de la Sociedad de Hidroituango contra la empresa pública.
La demanda se debe a los daños generados por la contingencia de abril de 2018 y se definirá si hubo o no incumplimiento de EPM en las fechas de entrega de los hitos del proyecto.
Cinco años atrás se presentó una de las mayores crisis en las compuertas de la represa cuando se taponó el tercer túnel de desviación, o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), del río Cauca, que obligó a desviar el agua a través de la casa de máquinas y desplazar a los habitantes que vivían cerda de la hidroeléctrica, lo que terminó por retrasar el megaproyecto hidroeléctrico.
La razón de la demanda: desviar el río Cauca
Entre los puntos de la demanda está la demora en los tiempos de ejecución generados por la contingencia y el incumplimiento en las fechas establecidas de los hitos 7, 8 y 9 en el contrato Boomt, que se firmó en marzo de 2011, dejando a EPM como accionista, constructor y operador del megaproyecto.
En la demanda, Hidroituango señala como responsable a EPM en los retrasos debido a que ninguna contingencia se hubiera presentado si la empresa pública no hubiera decidido ejecutar e iniciar la construcción de la desviación del río Cauca que consideraron costosa y riesgosa.
Ante los señalamientos, EPM dice que al momento de firmar el contrato Boomt ya existían significativos retrasos atribuibles a Hidroituango. Eso impidió que la desviación del río se hubiera hecho antes de 2013, según el plan, y no en 2018, provocando una crisis que mantuvo en vilo al país y obligándolos a buscar alternativas, por lo que optaron por la Galería Auxiliar de Desviación (GAD).
Según lo establecido, la composición accionaria de la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango es el 50,7 % del Idea (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), el 2,14 % de la Gobernación de Antioquia; EPM con 46,3 %, y el resto son accionistas minoritarios.
EPM ya había ganado una demanda el pasado 14 de abril, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia falló por la nulidad y el restablecimiento del derecho que interpuso contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por una millonaria multa que le impuso.
La determinación de primera instancia tiene relación con la sanción por irregularidades en la construcción de las obras del sistema auxiliar de desviación del proyecto de generación de energía de Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca, en el norte del departamento.
Se declararon nulos los actos administrativos en que se obligó a la compañía de servicios públicos a cancelar una cifra cercana a los 6.855 millones de pesos por las faltas que cometió. Además, se ordenaron otras disposiciones a favor de Empresas Públicas.
¿Quién construirá la segunda etapa de Hidroituango?
Empresas Públicas de Medellín (EPM) le entregó al consorcio CYS un billonario contrato para que termine la construcción de Hidroituango y ponga a funcionar las últimas cuatro turbinas que cubrirán el 17 % de la demanda nacional de energía.
La compañía está conformada por Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S. A. S., que administrará más de un billón de pesos y tendrá un plazo de 1.125 días para ejecutar las obras en la hidroeléctrica.
EPM aclaró que la asignación de este proyecto se dio mediante una solicitud pública de ofertas. Es decir, invitó a privados para que presentaran propuestas y, con base en la oferta y una serie de criterios, salió el ganador.
Inicialmente, mostraron interés doce firmas constructoras y se evaluaron tres que alcanzaron a cumplir con los requisitos: Todini Costruzioni Generali S. P. A., China Gezhouba Group Company Limited y la aceptada CYS.