En un supuesto comunicado dirigido a la opinión pública, las disidencias de las Farc rompieron el silencio sobre el adoctrinamiento que realizan en los colegios del norte de Antioquia. Aunque se excusan por los hechos, advierten que los seguirán haciendo.
Se reconoció que la visita armada a las escuelas de Yarumal (Antioquia) nadó en contra del Derecho Internacional Humanitario. Los integrantes del frente 36 de esta organización ilegal se pasearon con fusiles por las aulas de clase donde estaban menores de edad.
Pero sacaron pecho por las actividades que adelantaron: entregaron cuadernos y lápices para el inicio del ciclo escolar a los campesinos, “una insurgencia que históricamente hemos hecho a quienes lo ameritan”, habrían escrito los guerrilleros de esa fracción.
Aunque dijeron que el objetivo no era justificarse por el incidente que protagonizaron y que quedó registrado en escandalosos videos, les reclamaron a las personas que han rechazado la incursión ilegal por no asumir el suministro de los útiles escolares.
“Debían colocarse la mano en el corazón y resolverle, al menos, a la mitad de los cerca de 445.000 estudiantes en Antioquia los kits y, de esa manera, las Farc no tendríamos esa necesidad de hacerlo”, plantearon en el presunto comunicado que circula en la región.
Si bien desde el Gobierno nacional se pidió respetar las reglas del juego y las autoridades departamentales ordenaron apretar las medidas de vigilancia para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse en el departamento, los guerrilleros lanzaron un ultimátum.
Al parecer, tendrían la intensión de retornar a las aulas de clase, pero se ajustarían los protocolos para no poner en riesgo la integridad de los menores de edad. Esto ha sido interpretado como un adoctrinamiento violento, no como una simple donación y servicio.
“Esta clase de actividades se van a seguir realizando porque son el objeto de nuestra lucha y el deber ser. Vamos a tener en cuenta para las próximas que se haga de manera más profesional, donde no se comprometa la integridad de los niños y niñas”, habrían dicho.
Al final, detallaron que la fórmula para frenar la confrontación que sostienen con el Estado es el diálogo, cuya intención debería mostrarse con el cese al fuego y hostilidades, pero la Gobernación de Antioquia advirtió que no se estaría cumpliendo en el territorio.
Vale la pena aclarar que la veracidad de este documento no ha sido confirmada por las autoridades departamentales. Sin embargo, se aseguró que están pendientes de la situación para frenar cualquier acción que ponga en riesgo a las comunidades del norte.
Pero se pidió el respaldo del Gobierno nacional. El mandatario de los antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, le solicitó a la Casa de Nariño verificar los protocolos de cese al fuego en el municipio de Yarumal, donde se presentó la incursión armada de las disidencias.
También les exigió a los grupos ilegales que cesen cada una de las actividades delincuenciales y aquellas acciones que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, como quedó en evidencia en la subregión del norte del departamento.
“Los niños, las niñas y los jóvenes no deben estar involucrados en acciones que afecten su libre desarrollo y que vulneren sus derechos humanos como la libertad, la salud, la educación y el derecho a estar con sus familias”, manifestó el gobernador de Antioquia.
De igual manera, las autoridades están dispuestas a entregar una recompensa de hasta cien millones de pesos a cambio de información certera que permita dar con el paradero de los cabecillas de los grupos armados que están operando en esta zona de la región.
Hay preocupación porque, con base en la información suministrada por las comunidades, “estas agrupaciones están aprovechando en forma flagrante el cese al fuego para ocupar más espacios territoriales y para hacer ostentación de su presencia”, concluyó Gaviria.