Hay preocupación en el departamento de Antioquia por las intimidaciones que está sufriendo el alcalde de Yarumal, Miguel Peláez, por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc.
En el más reciente episodio, supuestos miembros de la organización delincuencial llegaron hasta su finca de recreo y marcaron mensajes amenazantes sobre la fachada.
Con aerosoles de color negro y rojo, dibujaron una calavera y escribieron “peligro”, entre otras palabras que enciende las alarmas sobre su seguridad y la de su familia.
Él ha denunciado ante la opinión pública las violaciones de derechos humanos al que los guerrilleros tendrían sometidas a las comunidades. Por ejemplo, el reclutamiento forzado, el cobro de extorsiones y homicidios selectivos.
Una vez se dio de las pinturas, la fuerza pública se desplazó hasta el inmueble y descartó la presencia de artefactos explosivos en las inmediaciones de la vivienda, pues era uno de los temores de los investigadores.
Si bien el mandatario cuenta con un esquema de protección, no estaría acorde a su riesgo, por lo que piden ponerle la lupa a su situación. Una de las voces que ha tenido protagonismo es la del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
“Rechazo categórico a las amenazas contra el alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez. Condenamos estas expresiones de violencia que en nada se compadecen con la supuesta voluntad de paz total. Desde la institucionalidad, todo el respaldo y acompañamiento al alcalde y su familia”, afirmó el mandatario.
Disidencias de las Farc imponen nuevo ‘manual de convivencia’ en Antioquia: estas son las indignantes reglas
Las autoridades están investigando la veracidad de un panfleto que habría emitido el frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia, donde da cuenta de un supuesto ‘manual de convivencia’ que deberían cumplir los habitantes de tres subregiones, tal como lo ordenaron hace unos días las subestructuras 18 y 58.
En el documento se lee que las escandalosas reglas cobijan a los municipios de Guadalupe, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Amalfi, Anorí y Bajo Cauca (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza), cuyo objetivo sería “(…) aportar a la construcción de una verdadera paz con justicia social”.
La directriz de la guerrilla está condicionada a altas sumas de dinero. Es decir, si un ciudadano infringe la norma, debería pagar. En dado caso de que no cuente con los recursos, tendría la posibilidad de llegar a un acuerdo con la organización delincuencial para cancelar el ‘comparendo’ en menos de un mes.
En primer lugar, la persona no tiene permitido el consumo de sustancias psicoactivas en las zonas urbanas y rurales de los pueblos señalados. Si es sorprendida, la multa sería de $ 3′000.000. Los presuntos disidentes de las Farc advirtieron en el documento que “seremos implacables con el microtráfico”.
Las invasiones de tierra tienen una sanción de $ 7 millones; los “amanecederos” cuestan $ 3 millones; las riñas $ 2 millones; “a los que les gusta destruir con la lengua” más de $ 1 millón; ingresar animales a los establecimientos comerciales y a menores de edad a sitios donde vendan licor tendría una penalidad de $ 1 millón.
Ahora bien, después de las dos de la mañana, la guerrilla habría restringido el tránsito de carros. Si el conductor no demuestra una emergencia, “debe incurrir 3′000.000 y decomiso del vehículo por un mes. Todos aquellos deudores morosos han de realizar acuerdos de pago antes de un mes, de lo contrario, 1′000.000″.
Supuestamente, por disposición del frente 36 de las disidencias de las Farc, quien haya estado enfilado en el Ejército Nacional debería esperar dos años para retornar al territorio, contados a partir de la fecha en la que salió de la institución: “Si se les comprueba colaboración, serán declarados objetivo militar”, reseñaron en el texto.