La Gobernación de Antioquia confirmó el secuestro y posterior liberación de diez personas que adelantaban labores de desminado humanitario en la zona rural del municipio de Campamento. De acuerdo con las investigaciones, los responsables serían los integrantes del frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
El incidente se presentó este martes 12 de diciembre y las víctimas habrían sido los funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos y de The Halo Trust, un grupo que trata de dejar al país sin rastro de explosivos y que hace presencia en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
Aunque la OEA, en comunicación con SEMANA, negó estar involucrada en este suceso, “MAPP/OEA aclara que ni sus funcionarios ni sus vehículos resultaron afectados”.
El secretario de Seguridad del departamento, Oswaldo Zapata Quijano, indicó que los ciudadanos fueron retenidos en cuatro vehículos que son propiedad de ambas instituciones y que los guerrilleros hicieron una exigencia millonaria para devolverlos, aunque finalmente reconocieron una equivocación en la operación delincuencial.
“Posterior al [secuestro], dejan en libertad a las personas y retienen los cuatro vehículos con el propósito de hacer un cobro extorsivo por 1.200 dólares para la supuesta recuperación de los vehículos. Posteriormente, los delincuentes proceden a hacer la devolución aduciendo un tipo de error dentro de la estructura”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, las autoridades creen que no obedeció a un ‘desliz’ de los combatientes, sino que pondría en evidencia las actividades criminales a las que tendrían sometidos a los habitantes de esa región de Antioquia, donde hay denuncias por intimidaciones a campesinos, reclutamiento forzado, homicidios selectivos y cobro de extorsiones.
Detrás de la organización armada están alias Leo Firu y Primo Gay, quienes cargan con órdenes de captura por protagonizar presuntos delitos en la subregión del norte. Por información certera que conduzca a su captura y judicialización, la Gobernación está dispuesta a entregar una recompensa de hasta cien millones de pesos.
“Estas personas, a juzgar por los acontecimientos de orden público en el departamento, han continuado en liderar acciones criminales contra la población civil, contra la institucionalidad, como queda signado en este caso y, por supuesto, hacer el llamado a las comunidades para que sigamos arropando a la Fuerza Pública”, señaló Zapata Quijano.
Aunque los funcionarios de la OEA y The Halo Trust fueron liberados, la Defensoría del Pueblo sospecha que en el departamento de Antioquia hay otras siete personas secuestradas. Los presuntos responsables serían las disidencias de las Farc, del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las retenciones habrían ocurrido entre mediados de 2020 hasta inicios de 2023. Si se analiza el panorama nacional, sería 91 las víctimas distribuidas en Arauca (33), Norte de Santander (13), Valle del Cauca (8), Antioquia (7), Cesar (6), Chocó (5), Cauca (5), La Guajira (4), Nariño (3), Meta (3), Bolívar (2), Magdalena (1) y Casanare (1).
“Aunque hemos recopilado y consolidado información que da cuenta de poco más de 90 personas secuestradas, 69 de ellas en lo que va de este año, existe la posibilidad de un alto subregistro sobre el atroz delito, toda vez que las familias de las víctimas no denuncian debido al temor generado por las represalias de los actores armados”, dijo la entidad.
En efecto, pidió a las organizaciones criminales que negocian la ‘paz total’ con el Gobierno nacional a confirmar las identidades de las personas que tienen privadas de la libertad. Esos datos, supuestamente, ya estarían siendo recogidos por las disidencias de las Farc de Mordisco, quienes habrían desistido de las retenciones extorsivas como muestra de paz.