Un informe militar conocido por SEMANA reseña que, supuestamente, las disidencias de las Farc fundaron una “república independiente” en el norte de Antioquia y planean conquistar otros terrenos: imponen un nuevo orden, reemplazan las tareas de la fuerza pública, administran justicia y recogen impuestos para sostener sus actividades criminales.
Al parecer, la presidencia estaría a cargo de alias Firu, cabecilla principal del frente 36 de la organización. Mientras que en la vicepresidencia figuraría alias Primo Gay, un presunto delincuente que no le temblaría la mano para hacer respetar la colonia. Los dos comparten gustos por los corridos mexicanos que, de vez en cuando, entonarían como himnos.
Interceptaciones telefónicas y datos suministrados por ciudadanos probarían el fenómeno en los municipios de Campamento, Briceño, Guadalupe, Angostura, Anorí, Yarumal e Ituango. También habría una posible extensión hacia Tarazá, Cáceres, Amalfi y Valdivia, donde han tropezado con el Clan del Golfo, causando violentos enfrentamientos.
La tesis de los investigadores, cuyos hallazgos han sido compartidos con la Fiscalía, es que las funciones del Estado estarían siendo reemplazadas bajo amenazas en las zonas urbanas y rurales. Además de los campesinos y empresarios, las fuertes intimidaciones estarían salpicando y afectando las tareas de algunos empleados públicos.
La primera decisión de la guerrilla fue perfilar a las personas de la región para tener un control sobre sus movimientos. Todo aquel que quiera salir o entrar al territorio, debe portar un carné que referencia la vereda a la que pertenece, el nombre y el número de identidad: “Certifica que (…) es socio activo de esta organización”, se lee en uno de los documentos.
Reconociendo a las comunidades, fijaron un manual de convivencia con el que administran la norma. Allí están sometidos los chismosos, ladrones, borrachos, violadores, groseros y corruptos. Inicialmente, se les cobra una multa que supera el millón de pesos. Si es reincidente, se podría multiplicar la cifra o ser sentenciado a la pena de muerte.
De igual manera, controlan el horario en el que los habitantes pueden circular y permanecer en el espacio público. Definen los servicios a los que pueden acceder y afectan la infraestructura privada cuando las compañías se niegan a pagar las extorsiones. Precisamente, este es su principal combustible junto a las ganancias del narcotráfico.
Si bien la fuerza pública ha tratado de intervenir la ‘república’ de las disidencias de las Farc y ha tenido en las manos a sus líderes, la población civil habría frenado los operativos, alegando supuestos “falsos positivos judiciales”. Estos episodios fueron denunciados por el Ejército Nacional y están siendo investigados por las autoridades judiciales.
El modus operandi consistiría en rodear a los uniformados con personas de todas las edades y retenerlos por un par de horas, presuntamente, para darles ventaja a los delincuentes. Todo esto, según las pruebas, se tramitaría por medio de las juntas de acción comunal; sin embargo, estas organizaciones rechazan los señalamientos.
En una escena registrada en el municipio de Campamento, donde se frenó la circulación a 50 soldados que combatían al grupo ilegal, la Asocomunal respondió: “En un acto de resistencia civil pacífica y, de una forma civilizada, les pedimos a las tropas que abandonaran el territorio. En ningún caso fuimos instrumentalizados por actores armados”.
Los operativos que han tenido éxito han dejado a la vista las maniobras de los ilegales para multiplicar sus capacidades en la selva. La más alarmante es el reclutamiento forzado de menores que sacan de las aulas de clase para que carguen un fusil. Las unidades han recuperado, en medio de los intensos combates, a adolescentes entre 13 y 15 años.
El drama del conflicto lo calman con licor, sexo y dinero. Una excombatiente que no ha alcanzado la mayoría de edad relató a SEMANA que el regalo que recibió en su cumpleaños fue una borrachera en una cantina. También han sido “premiados” con cursos en el manejo de pistolas y artefactos explosivos, con el fin de atacar al enemigo.
Por conversaciones interceptadas, lo que más les inquieta es la avanzada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A diferencia del territorio nacional, las disidencias tendrían un pacto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para hacerles la vida imposible y acabar con los hombres que comandó alias Otoniel.
En medio de este turbulento panorama, aparece el periodo electoral. Alias Firu y Primo Gay dieron la orden de asegurar el orden público en medio de las campañas y permitir que la población civil salga a votar el próximo 29 de octubre. Sin embargo, ya habrían definido quiénes serán los ganadores de las alcaldías y los concejos municipales.
Sin mencionar a esta unidad delincuencial, así reveló el plan el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa: “Más que impedir que se realicen, tratar de instrumentalizar a los electores en una u otra dirección, contra X candidato o favor de X candidato. Hemos detectado la intención de estos grupos de utilizar las elecciones”.
Además de las zonas donde opera el frente 36, hay alertas tempranas por el riesgo en la contienda en otros 60 pueblos del departamento: riesgo extremo (7), riesgo alto (33), riesgo medio (26) y riesgo bajo (3). Para acabar con las amenazas, el Gobierno nacional dio la orden de copar los territorios donde se puedan materializar violaciones.
Nota: ocho fuentes consultadas para la redacción de este artículo pidieron omitir la identidad por motivos de seguridad.