Dos exempleados de la Alcaldía de Medellín fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en un acuerdo de venta público que impulsaron en 2015.
El incidente que investiga la Fiscalía ocurrió cuando Aníbal Gaviria Correa, quien hoy funge como gobernador de Antioquia, estaba al frente de la administración de Medellín. Al parecer, dos de sus funcionarios habrían intervenido irregularmente en la comercialización de un lote en la Central Mayorista.
Los protagonistas son la exsecretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez López, y el entonces subsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual, Jorge Mario Velázquez Serna.
Mientras estuvieron en el cargo, los señalados gestionaron la venta un terreno de 8.300 metros cuadrados que la administración tenía en el municipio de Itagüí por un saldo menor al que estaba avaluado.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación recolectó elementos probatorios que dan cuenta que, entre el 27 de marzo y el 24 de abril de 2015, los procesados habrían negociado el predio por 19.123 millones de pesos mientras estaba pesado en más de 34 mil millones de pesos.
“La Fiscalía determinó que, durante este proceso, se omitieron las normas para establecer el valor del referido lote, permitieron que el mismo fuera entregado a un particular por un valor muy inferior al real”, le planteó en el ente acusador al juez que lleva el caso.
Otro de los hallazgos muestra que, el 19 de marzo de 2015, Vera Cristina Ramírez López habría omitido, “de manera arbitraria”, un evalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y solicitó otro, presuntamente, el más conveniente para los intereses de los compradores.
A raíz de esta situación, la mujer también deberá responder por la falta punible de prevaricato por acción.
Cuando se conocieron las primeras denuncias, la Contraloría asumió que el proceso de contratación no se hizo en el marco de la normatividad porque no privilegiaron los intereses de la administración.
“Se pregunta este despacho: ¿quién que le digan que su inmueble vale $ 15.810 millones menos que un evalúo que ya le habían practicado y que adicionalmente su valor es inferior en $ 797 millones al evalúo que tenía dos años atrás se queda tan tranquilo y no solita un segundo evalúo, máxime que la pretensión es efectuar la venta del inmueble y que el principio de eficiencia le obliga a buscar la mayor rentabilidad?”, planteó la sección de la Contraloría que puso la lupa sobre el negocio.
Por otro lado, en 2018 la Personería de Medellín inhabilitó por 12 años a los exempleados de la Alcaldía al considerar que cometieron una falta disciplinaria grave al realizar la venta del predio de manera ligera.
En otro caso aislado, la Personería suspendió del cargo, por tres meses, a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital General de Medellín, Luisa Fernanda Correa Marín, por presunto conflicto de intereses, luego de que se adelantara una investigación contra el gerente de esa entidad, Mario Fernando Córdoba.
De acuerdo con la información recaudada dentro de la investigación previa, se evidenció una presunta falta disciplinaria por parte de Correa, correspondiente a la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.
La funcionaria es la encargada de brindar la información necesaria para la investigación contra el gerente y también se desempeña como apoderada del mismo en su defensa de ese proceso.
“Teniendo en cuenta que la indiciada actualmente ostenta el cargo de jefe de la Oficina Jurídica del Hospital General de Medellín, dependencia del nivel directivo, necesaria para la solicitud de información durante el trámite de la actuación disciplinaria, y en aras de evitar interferencias, dilaciones y reiteración en la presunta comisión de la falta por parte de la señora Correa Marín, se hizo necesario adoptar la medida de suspensión provisional del cargo”, informó la Personería.
De acuerdo con el centro del Ministerio Público, Correa aceptó de manera expresa actuar como apoderada de Córdoba dentro de otra averiguación disciplinaria que adelanta la entidad contra el gerente.