El asesinato de Juan Gabriel Rueda, de 35 años, lo propinaron dos hombres en pantaloneta que se dirigieron hasta un sector de la zona rural de Salgar, Antioquia, y sin mediar palabras le dispararon con arma de fuego en varias oportunidades, según el comando de Policía de Antioquia.
“Familiares corrieron con el cuerpo para llevarlo hasta el hospital, pero llegó sin signos vitales. Ya se ha destacado un grupo, una cápsula de investigación que ya hacen presencia en el municipio, para adelantar las investigaciones correspondientes”, dijo el coronel Daniel Mazo, comandante de Policía Antioquia.
Agregó que Juan Gabriel se desempeñaba como recolector de café y era muy querido entre la comunidad. Además, servía como mediador para solucionar problemas entre las personas, como es el caso de las riñas y discusiones.
Agregó que en este municipio delinquen dos grupos, uno llamado “La Erre” y el otro “Carne Rancia”, quienes se disputan el control territorial para el cobro de vacunas.
Estos hechos, que se dieron a conocer en la cuenta de Twitter de la senadora por el Pacto Histórico Isabel Zuleta, en la noche de ayer tiene consternado a todo el movimiento de este partido político y a la comunidad del municipio de Salgar, suroeste antioqueño.
“Acaban de asesinar al líder de la campaña @petrogustavo Presidente y #PactoHistorico en Salgar, Antioquia, Juan Gabriel Rueda. Habíamos denunciado amenazas por liderar nuestra campaña en un municipio uribista. Exijo a la @FiscaliaCol que este crimen político no quede en la impunidad”, dijo la senadora en la red social.
Minutos después, el presidente Gustavo Petro lamentó el asesinato del líder social y solicitó a la Fiscalía iniciar de manera inmediata las investigaciones.
“¿Quién asesinó al militante del Pacto Histórico, Juan Gabriel Rueda, en Salgar, Antioquia?, Juan Gabriel fue coordinador de mi campaña en ese municipio. A @FiscaliaCol le corresponde coordinar la investigación”, sostuvo el mandatario.
Los hechos sucedieron en zona rural del municipio, donde pistoleros llegaron a quitarle la vida al líder social, quien había coordinado la campaña del presidente Gustavo Petro, pero además era un reconocido defensor de los recursos naturales. Estos hechos son materia de investigación por las autoridades, sin embargo, se supo que un grupo especial de investigación se trasladó al municipio para recolectar todos los datos de este homicidio.
Para el defensor de derechos humanos, Óscar Yesid Zapata, es una situación que ya han advertido y este líder también había anunciado amenazas en su contra, principalmente por la labor desempeñada en estas zonas donde hay fuerte presencia de grupos armados locales que podrían estar detrás de este asesinato.
“Nosotros estamos muy preocupados, recientemente se realizó un informe donde se evidencia una reducción a homicidios de líderes sociales y masacres, sin embargo, la situación de riesgo y vulneración de derechos. En este momento hemos notado el incremento de las amenazas de líderes, desplazamientos forzados. Hemos visto a una Fiscalía débil”, confirmó Zapata.
Cabe recordar que el suroeste antioqueño ha tenido presencia en los últimos años de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, Bloque Suroeste de las Autodefensas y otras estructuras que se han dedicado al control territorial, venta de estupefaciente, retenes ilegales en los que los transportadores de carga han sido asaltados, y el asesinato de líderes sociales.
Y es que el panorama de seguridad para los líderes sociales ha mostrado su debilidad o en muchos casos no tienen esquemas de protección, a pesar de los continuos sucesos que se han registrado en el departamento y el país. Según las autoridades, solo en Antioquia han sido asesinados 18 líderes sociales.
Con relación a los recurrentes asesinatos de líderes sociales en el país, el pasado 29 de septiembre, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, llamó la atención de gobernadores, alcaldes y miembros de la Fuerza Pública del Bajo Cauca antioqueño sobre el deber de cumplir con los planes de prevención y protección de líderes, lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en el país, e hizo extensivo a las autoridades gubernamentales del país el anuncio de que la Procuraduría verificará rigurosamente su cumplimiento.