Dos supuestos proxenetas fueron capturados en las últimas horas en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia. Ellos fueron sorprendidos por las autoridades cuando descendieron de un vuelo comercial que llegaba desde Miami, Estados Unidos, donde estaban viviendo de manera permanente desde el 2021.
Con el apoyo de agencias de seguridad de Norteamérica, se logró la judicialización de la ciudadana venezolana Gladys Josefa González Calderas y el colombiano Juan Diego Cardona González, señalados por la Fiscalía General de la Nación de protagonizar supuestos hechos ilegales que son encajados con el delito de trata de personas.
El estudio adelantado por las organizaciones judiciales se remonta al año 2016. En ese tiempo, esta pareja habría encerrado dentro de dos inmuebles a ocho mujeres y un hombre durante 15 días. El material probatorio señala que, al parecer, este crimen se cometió para gestionar la explotación sexual comercial de sus cuerpos.
El ente de acusación sostuvo ante un juez de la República que los investigados se habrían aprovechado de la condición económica de las víctimas y la poca formación educativa para aproximarlos a la prostitución en la capital de Antioquia. En la lista de denunciantes hay una menor de edad que habría sido empujada hacia esta práctica ilegal.
El operativo de rescate de las nueve personas se llevó a cabo el 25 de agosto del mismo año y fue encabezado por las unidades de la Policía Nacional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los dos inmuebles, donde estaban recluidos los ciudadanos, fueron ubicados en los barrios del occidente de Medellín.
“También se constató que la pareja se habría quedado con la mayoría del dinero producto de la actividad ejercida por las nueve personas, aduciendo que debía pagar una supuesta deuda. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de trata de personas y trata de personas agravada”, afirmó la entidad a través de un comunicado.
Sin embargo, los procesados reprocharon cada uno de los argumentos que presentó el ente de acusación. Ambos se declararon inocentes de las faltas que generaron la captura. Pero negar los cargos imputados no les sirvió de nada porque un juez tomó la decisión de enviarlos a un centro penitenciario mientras avanzan los estudios judiciales.
Como respuesta a esta determinación, la defensa de Gladys Josefa González Calderas y Juan Diego Cardona González apeló la medida privativa de la libertad que les fue impuesta. En los próximos días, una oficina de los Jueces Penales del Circuito de Medellín tendrá que resolver el pleito inicial del proceso por presunta trata de personas.
Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, en el año en que se reportó el incidente con las nueve personas, en el departamento de Antioquia se portaron más de 40 detenciones irregulares. En su mayoría, los crímenes se cometieron con fines extorsivos en la ciudad de Medellín.
Mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó durante el 2016 cerca de 1.109 exámenes por presuntos delitos sexuales. Tal como ocurre en este tiempo, las mujeres fueron las víctimas más frecuentes. Este año, por ejemplo, la cifra que suma esta entidad con el mismo argumento es de 671 alertas, con corte a agosto.
Para frenar la explotación sexual de menores de edad, la administración distrital está dispuesta a entregar una recompensa de cien millones de pesos por información que ayude a identificar a las personas que estarían detrás de este crimen contra los niños, niñas y adolescente. El mismo incentivo económico también se entrega para dar con el paradero de los “clientes”, con miras a iniciar el proceso penal.