Las organizaciones delincuenciales que operan en Antioquia han mostrado afinidad con las negociaciones que impulsará el presidente Gustavo Petro con el fin de tramitar su paso a la legalidad. El diálogo implica un cese al fuego multilateral que, sin embargo, hoy no es claro entre las autoridades departamentales. Desde varios sectores le piden explicaciones al Gobierno.

En la lista de grupos armados que han expresado la voluntad de sentarse en una mesa para dialogar con el Estado aparecen el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional, Los Pachelly y el frente 36 de las disidencias de las Farc, que hacen estragos en el Valle de Aburrá, occidente, suroeste, Magdalena Medio, norte, nordeste, Bajo Cauca y Urabá.

Aunque las administraciones municipales en que actúan los ilegales han mostrado optimismo frente a las disposiciones, al igual que la Gobernación de Antioquia, no hay claridad sobre cómo debe actuar la fuerza pública frente a los integrantes de las organizaciones que han levantado la mano para someterse al Estado.

Las dudas llegaron luego de que el mandatario nacional planteara frenar las operaciones en contra de los grupos armados ilegales, al igual que ellos dejarían de cometer acciones terroristas, en medio de los diálogos regionales que se empezarían a dar a lo largo y ancho del país para cesar la delincuencia que mantiene altos índices de vulneraciones.

Desde el municipio de Ituango, donde se instaló el puesto de mando unificado por la vida, Petro explicó que “ese sería el clima más apropiado (…) para legitimar un fin definitivo de la violencia armada que vive el país. Un cese al fuego multilateral para entrar en un proceso de negociaciones sería más viable si tenemos estos diálogos andando”.

Seis días después de considerar ese escenario, el frente 36 de las disidencias de las Farc acogió el llamado a través de un texto. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, las personas que están enfiladas en ese grupo armado operan en las poblaciones de Anorí, Ituango, Briceño y Campamento.

Frente a este escenario, el secretario de Seguridad Humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez, afirmó que la Gobernación les da la bienvenida a las muestras de paz que ayuden a disminuir la tasa de homicidios en el departamento. Sin embargo, alegó que desde la Casa de Nariño deben dejar en firme las condiciones en las que se ejecutaría el cese del fuego.

“Lo que sí pensamos es que el Gobierno nacional debe definir unas reglas de juego claras para ese sometimiento o para esos diálogos”, relató el funcionario. A la par, el gobernador Aníbal Gaviria Correa expresó que estos trámites le corresponden a la oficina del alto comisionado para la paz, al mando de Danilo Rueda, y a los ministros de Defensa e Interior.

La misma preocupación la mostró la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore) al no ver un panorama claro sobre las políticas de la ‘paz total’ y las implicaciones que tendría para sostener el control del orden público en Antioquia, afectado -en su mayoría- por los grupos que están dispuestos a negociar.

El presidente de la corporación, el coronel retirado John Marulanda, refirió que los integrantes respaldan las decisiones del presidente Gustavo Petro que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad en el país. Él recomendó que, a la hora de comunicar las iniciativas, tiene que ser más preciso en el discurso.

“Nosotros también pedimos que el Gobierno sea más exacto sobre lo que significa el cese al fuego de todas las bandas criminales que hay en el país. ¿Dónde va a hacer y qué va a hacer la fuerza pública frente a esa situación? Como están dichas las cosas, no son lo suficientemente claras”, comentó el vocero de Acore.

Por otro lado, este jueves el alto comisionado para la paz se reunió en Medellín con el alcalde Daniel Quintero Calle y analizaron las primeras puntadas del protagonismo que tendrá la ciudad en las negociaciones. Aunque no se conocen mayores detalles del encuentro, se anticipó que la Iglesia católica estará activa en los procesos regionales.