Luego de que el pasado 2 de diciembre, la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomará la decisión de iniciar el proceso de liquidación de la Entidad Adaptada en Salud (EAS) la cual proporciona los servicios médicos a empleados y jubilados, sus empleados se encuentran en incertidumbre.

Fue la permanente reducción de beneficiarios la razón que impulsó a los directivos a cerrar los servicios que ofrece, pues a los directivos de EPM les preocupan los altos costos de capitalización y operación. Aún más, no tener la capacidad de autofinanciarse.

Motivo por el cual el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro) se mostró preocupado debido a que argumentan que este golpe llegó en uno de los momentos más críticos de la compañía por la incertidumbre que habría con el proyecto de generación de Ituango.

Por su parte, Olga Lucía Arango Herrera, presidenta de Sinpro, señaló que era de esperarse los cambios que la empresa estaba preparando desde hace más de un año; sin embargo, el recorte vino antes de lo esperado, el cual se realizará entre el 2026 y 2027, lo que alarmó a los sindicatos.

Los argumentos presentados por Empresas Públicas de Medellín muestran la radiografía que tuvieron en las manos para tomar la decisión, que es antipopular, pues algunos integrantes del sindicato no están de acuerdo con esta medida.

No obstante, el dato más reciente de EPM arrojaba que para este año los afiliados de la EAS eran 7.794, mientras que para el 2023 eran 7.290, en el 2024 6.799 y 6.283 para 2025. Así las cosas, en 2026, esa proyección arroja un total de 5.883 afiliados, lo que haría a que los números se ajustarían al límite planteado en la ley.

La EAS que empezó a funcionar desde 1964, tiene los días contados donde están agrupadas las personas que estuvieron laboralmente vinculados, al igual que su grupo familiar, entre esa fecha y el 23 de diciembre de 1993. Pues a partir ese día, los nuevos funcionarios han sido afiliados a las entidades promotoras de salud de su elección.

Entre tanto, los directivos consideraron que el ejercicio financiero de la Entidad Adaptada en Salud es insuficiente y solo trae dolores de cabeza: el dinero que recoge esta organización no le permite mantenerse de pie, sino que EPM debe inyectarle constantemente dinero para que pueda cumplir a cabalidad sus objetivos.

“Los ingresos que genera, como son la unidad de pago por capitación, cuotas moderadoras y copagos, no son suficientes para sufragar los gastos por la prestación del servicio, lo que está generando que en cada vigencia EPM deba capitalizar y adelantar aportes con el fin de mantener la operación”, afirmó la compañía en ese momento.

Ante el estruendo que causó la medida, se aclaró que la liquidación está siendo comunicada a los diferentes afiliados para luego cumplir con todos los trámites que fija la Superintendencia Nacional de Salud.

Una vez el ente regulador de las EPS en Colombia emita un concepto sobre la terminación de la Entidad, el Gobierno nacional entrará a la discusión para tomar una decisión de fondo sobre los servicios en salud que patrocina Empresas Públicas de Medellín con los funcionarios y familiares que estuvieron vinculados hasta el 23 de diciembre de 1993.

El Ministerio de Salud y Protección Social será el encargado de distribuir a los afiliados de EPM entre las EPS restantes que hay en el país, solo cuando se tenga el visto bueno por parte de la Superintendencia y se inicien los trámites de liquidación desde las oficinas de la compañía de servicios públicos de Medellín, adscrita a la compañía distrital.

“Hasta que se agote el proceso administrativo antes mencionado y se haga el traslado efectivo de los afiliados a otra(s) EPS, la Entidad Adaptada en Salud y la Unidad de Servicio Médico de EPM continuarán prestando sus servicios con la calidad acostumbrada”, anticipó la empresa ante el estruendo que generó en la opinión pública la liquidación.