Informar en Quibdó no es una tarea fácil. Los periodistas tienen que maniobrar para no tocar puntos sensibles que hieran a los capos o políticos que los puedan afectar. Varios medios de comunicación están censurados por los violentos y sometidos a la extorsión.
Dar cuenta del orden público o la corrupción frente a un micrófono le puede llegar a costar la vida a un comunicador. En panfletos se les ha prohibido hablar de temas particulares y exigido millonarias sumas de dinero a cambio de ejercer la profesión.
Andrea Estrella recibió tres intimidaciones. Ella es la corresponsal de Noticias Caracol y coordinadora de reportería del canal local CNC Chocó. En sus venas recorre el periodismo: su padre y dos hermanas comparten el gusto por contar historias.
En el primer mensaje violento le pidieron 30 millones de pesos y, en los dos restantes, la suma empezó a bajar. No se atrevió a entregar la plata y presentó la denuncia ante las autoridades. Sin embargo, persiste el temor por las represalias que podrían llegar.
Las amenazas no la han sacado de la calle, pero reconoció que no camina con tranquilidad. En el norte y sur de la capital del departamento tiene caminos vetados porque persisten las fronteras invisibles y los ilegales no la quieren ver pisando su terreno.
Cuando la coyuntura lo amerita, solicita acompañamiento en la Policía Nacional o los líderes comunitarios le extienden el brazo para no pisar las minas instaladas por las organizaciones delincuenciales: Los Mexicanos, Clan del Golfo y Palmeños.
Aunque no se cansa de mostrar la crueldad que protagonizan los actores ilegales y las preocupaciones de las comunidades por alcanzar la paz, entendió que “una noticia vale mi vida” ni la de su familia dado que a ellos también los han incluido en las amenazas.
Los periodistas que hacen parte del sistema informativo de la Radio Nacional de Colombia se han encontrado en el camino frenos para cumplir sus tareas. Principalmente, el derecho a la libre movilización por las barreras invisibles que instalaron los grupos.
El reportero que vive en una zona de alta peligrosidad no arma noticias relacionadas con el orden público de su vecindario. La medida es de prevención y fue definida entre ellos, con el propósito de evitar reclamos violentos o estar en el ojo del huracán criminal.
Otra de las dificultades que tienen es la disposición de las administraciones locales y autoridades judiciales para emitir información de interés público. No responden mensajes o prometen encuentros que nunca se dan, mientras la comunidad reclama explicaciones.
Algunos habitantes les han sacado factura a los periodistas por la agenda informativa que presentan, desconociendo las censuras de las que son víctimas. Los comerciantes piden hacerle eco a las denuncias de extorsión y los veedores a las quejas de corrupción.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) está al tanto de este escenario y le ha pedido a las autoridades reforzar las medidas de protección porque “son un ataque directo a la libertad de prensa de toda la región y genera un ambiente de miedo y zozobra”.
Esa comunicación se emitió cuando Andrea Estrella dio cuenta de las amenazas que recibió. Al parecer, las comunicaciones fueron emitidas por los integrantes de Los Mexicanos que “le cobran extorsión a todo lo que se mueva”, indicó una fuente.
Frente a este convulsionado panorama que tiene en alerta a la comunidad, la Policía Nacional respondió que está investigando junto a la Fiscalía General todas las denuncias que se han instaurado en Quibdó donde se referencia algún tipo de delito.
El común denominador son homicidios, amenazas, cobros ilegales, secuestros y reclutamiento de menores de edad. De los ataques de sicariato que ocurrieron el año pasado, los niños y adolescentes fueron responsables del 26 por ciento de ellos.