En su visita a Antioquia, el director nacional de la Policía, el general Henry Sanabria, explicó que el departamento cuenta con seis puntos de confrontación armada entre grupos ilegales como el Clan del Golfo, Los Caparros, disidencias y el ELN, que han afectado gravemente la tranquilidad de cientos de habitantes.

El general reconoció que los hechos más violentos se han registrado en el corregimiento de Puerto López, ubicado en el Bajo Cauca del departamento, donde por estos días han hecho estruendo las balas. Para no caer en medio de las violentas confrontaciones, las personas se vieron en la obligación de cerrar las puertas de sus viviendas y cesar todo tipo de actividades.

“Se tiene un plan integral por parte de las Fuerzas Armadas, con el fin de erradicar los actos de violencia, pero algo que sí trasciende y evitaría estas confrontaciones es el proceso de paz que se ha iniciado de la mano del presidente Gustavo Petro”, sostuvo el general.

Y es que la Defensoría del Pueblo volvió a encender las alarmas por las críticas condiciones de seguridad que hay en el municipio de El Bagre, Antioquia. El Clan del Golfo y Los Caparros sostienen una lucha a muerte por el control territorial. La comunidad rural está en medio de la batalla por el poder, por lo que en este momento se mantiene un confinamiento.

Los mensajes que llegan de ambos bandos son los que intimidan a los campesinos. En primer lugar, los grupos delincuenciales fijaron un toque de queda en la movilidad nocturna. Es decir, los habitantes no están autorizados para dar un solo paso fuera de sus hogares durante las horas de la noche. Las armas de fuego amenazan con ser disparadas.

“La comunidad ha informado que en sectores cercanos al casco urbano del corregimiento de Puerto López se han presentado fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control del territorio, lo que ha ocasionado el confinamiento de la población del corregimiento y su zona rural”, describió Onaldo Cardona, defensor de esta subregión.

Minería ilegal

Las organizaciones ilegales que delinquen en los municipios del Bajo Cauca antioqueño se sostienen en el territorio con la extracción de yacimientos mineros. En medio del estallido social que desataron las operaciones del Ejército contra las actividades irregulares, los armados habrían emitido órdenes dentro del movimiento de la protesta que paraliza la región.

Esa información la sustentan las investigaciones que han adelantado los organismos judiciales, luego de considerar el alcance que tienen los violentos en las localidades afectadas por el paro. En la lista aparecen el Clan del Golfo y Los del Bajo, grupo que se formó luego de que las autoridades enterraran a los temidos Caparros.

“Las comunidades están siendo instrumentalizadas por el enemigo”, esas son las palabras que utiliza el Ejército Nacional para dar cuenta del caos que protagonizan los mineros informales desde el pasado 21 de septiembre, cuando decidieron bloquear la Troncal de Occidente y saquear vehículos con el fin de llamar la atención del Gobierno nacional.

La manifestación está sustentada en un pliego de peticiones que, a juicio de las autoridades, lo único que pretende es que el Estado legalice la minería ilegal, contrario a la posición que tiene el presidente Gustavo Petro de exterminar estas actividades dado los efectos dañinos que causa en el ambiente, bandera de su campaña política.

Ahora bien, los mineros se consideran víctimas de los grupos armados porque los tienen sometidos a una serie de extorsiones que no los deja progresar ni mucho menos estar tranquilos. Todo aquel que esté inmerso en esta actividad en el Bajo Cauca antioqueño tiene obligación de pagar cierta cantidad de dinero para poder navegar sobre los ríos.