Una empresa dedicada a operaciones logísticas en Medellín estaría siendo utilizada para reclutar a soldados retirados de Colombia y entregarlos bajo engaños a organizaciones criminales de México. Documentos, fotografías y testimonios ponen en evidencia una supuesta red de trata de personas que también involucraría a funcionarios del Ejército.
José Gabriel Sáez Angulo recibió una tentadora oferta de trabajo por medio de WhatsApp en septiembre de 2023: un presunto enlace de la compañía VIP Logistic Group S. A. S. lo invitó a trabajar en el estado de Michoacán como escolta en plantaciones de cítricos y, a cambio, recibiría $7 millones al mes. Él viajó y está desaparecido desde enero de 2024.
El ex uniformado habría sido contratado por la estricta educación que recibió en las Fuerzas Militares. Durante el paso por la institución, enfrentó a las guerrillas más temidas del continente y escaló al grado de sargento viceprimero. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como un estratega ágil para debilitar al enemigo.
La esposa de Sáez Angulo, Jackeline del Valle Arboleda, ha emprendido una batalla legal y humanitaria para ubicarlo: “La última vez que hablé con él fue el 1 de enero de 2024. A mí me dijeron que había caído en medio de combates y asesinado por un francotirador, ¿pero cómo murió en estas condiciones si era un vigilante? Tenemos muchas dudas”.
La angustia por la desatención de las autoridades colombianas llevó a esta mujer a investigar por sus propios medios el destino que tuvo su compañero sentimental y recibió las coordenadas donde, posiblemente, están los restos del exmilitar; en Lázaro Cárdenas, un territorio de alta peligrosidad donde batallan los carteles del narcotráfico.
La misma suerte corrió José Fernando Cataño Durango, un sargento en retiro de 45 años que también habría sido invitado por la empresa de logística a trabajar como escolta en Michoacán. A él le ofrecieron $8 millones de salario cada mes, salió del aeropuerto internacional José María Córdova en septiembre de 2023 y desapareció en noviembre.
En la Fiscalía reposan documentos con el logo de VIP Logistic Group y la firma de su director administrativo, Daniel Felipe Arroyave Acevedo, donde se reseña que Cataño Durango participaría en México de capacitaciones y conferencias en materia de protección. Todo esto, para justificarles a las autoridades su aterrizaje en ese país.
En comunicaciones que el ex uniformado tuvo con sus allegados antes de perderse del mapa mostró señales de preocupación y evitó responder preguntas sobre cómo se encontraba: “Nos hablaba muy bajito, como si no pudiera hablar. Yo le decía que si estaba contento, pero me evadía, como si pasara algo”, dijo su esposa, Dora Úsuga Medina.
De igual manera, esta mujer emprendió una búsqueda solitaria desde Colombia. Las personas que compartieron en ese país con el papá de sus hijos le manifestaron que había sido asesinado en una riña, le mandaron fotografías de la supuesta tumba y le advirtieron que la zona donde ocurrieron los hechos era muy insegura.
SEMANA rastreó cuatro casos más de militares en retiro desaparecidos en México que habrían sido contratados por VIP Logistic Group S. A. S., según los testimonios de sus familiares. Ellos han sido intimidados para que no busquen explicaciones sobre lo acontecido con sus parientes, pues se podrían encontrar con un verdadero infierno.
¿Qué hay detrás?
Esta compañía se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y tiene como sede el municipio de Bello. El actual representante legal es Luis Carlos Pacheco Pantoja y el representante suplente es Daniel Felipe Arroyave Acevedo, cuya firma aparece en los documentos del sargento Cataño Durango.
Pacheco Pantoja, quien también integró las Fuerzas Militares, aseguró que el nombre de la empresa estaría siendo usado de manera inescrupulosa para cometer este tipo de delitos: “Alguien tomó la empresa y firmó documentos sin mi autorización. Tengo que aclarar, no fui yo, yo no contrato personal”. Aparentemente, la empresa está inactiva desde el 2022.
Frente a sus conexiones con México, respondió que es instructor de tiro y ha dictado clases en la Policía de ese país. En cuanto a Arroyave Acevedo, también ex soldado, comentó que se encuentra fuera del país hace una temporada y no tienen comunicación constante, pero ya le pidió explicaciones para que rinda cuentas sobre lo denunciado.
En los seis casos analizados, donde los familiares de los desaparecidos señalan que VIP Logistic Group S. A. S. los contrató, estarían involucrados miembros de la reserva de las Fuerzas Militares y empleados del Ejército, quienes servirían de enlaces para identificar a las víctimas, convencerlas de viajar y recibirlas en Norteamérica.
Las familias sospechan que los militares habrían sido engañados con falsas promesas de empleo y entregados a organizaciones criminales, una red de trata de personas que tendría sus tentáculos en varios rincones del país y tendría como blanco a ex uniformados.
Un conocedor de este entramado que pasó por las filas del Ejército y rechazó la oferta de trabajo, cuya identidad se omite por motivos de seguridad, indicó que la misión de la red es recoger a expertos en conflictos para apoyar las actividades delincuenciales de un cartel que opera en el estado de Michoacán, principalmente personal experto en tiro.
Luis Carlos Pacheco Pantoja se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido. El Ejército inició las averiguaciones internas frente al caso. La Alcaldía de Medellín se reunirá con las familias de las víctimas. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores está al tanto de las investigaciones en territorio mexicano.
En tanto los detectives tratan de reconstruir el rompecabezas de estas desapariciones en México, las familias piden la atención del Gobierno: “Nosotras nos sentimos solas y todo lo que hemos conocido se ha hecho con las uñas. Nosotras nos hemos arriesgado para conocer la verdad. No tenemos miedo”, afirmaron Jackeline y Dora.
Un fenómeno creciente
Andrea Rojas Charry, coordinadora del grupo de Asistencia a Connacionales de la Cancillería, reconoció en SEMANA que una cantidad considerable de los hombres colombianos que han migrado a México y al resto del mundo, y que son víctimas de fenómeno, tienen un pasado relacionado con la fuerza pública.
“Se da mucho el caso de hombres, especialmente personas que tienen un perfil de experticia militar, que también son muy apetecidos en muchas partes del mundo. A veces, terminan inmersos en temas de trata de personas”, dijo Rojas Charry. Hay reportes de soldados retirados trabajando en grupos de Europa, Asia y África.
En el caso particular del país azteca, lo que más predomina es la explotación sexual de colombianas. En un informe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía se lee que las mujeres son contratadas como modelos y terminan viviendo una pesadilla. Las zonas con más casos son Bogotá, Medellín, Cúcuta, Valle del Cauca, Bolívar y Meta.
“Las redes perfilan a personas en situación de vulnerabilidad, les proponen ofertas laborales que resultan ser engañosas y posteriormente las trasladan a Cancún, Mérida, Acapulco, Pachuca y Veracruz. Las víctimas son recibidas y acogidas por las organizaciones delincuenciales que las obligan a ejercer la prostitución”, respondió la institución.
La situación es crítica y, cada semana, se siguen sumando expedientes de colombianos víctimas de redes de trata de personas.