La Procuraduría General de la Nación resolvió formular un pliego de cargos contra Abelardo Antonio Arraut Bustamante, exalcalde del municipio de Nariño, población ubicada en la subregión del oriente antioqueño. El deberá responder por una serie de presuntas irregularidades que habría cometido en medio de la ejecución de un contrato.
El motivo de estudio es el acuerdo que se gestionó dentro de su administración, comprendida entre los años 2012 y 2015, para ejecutar la construcción de un espacio comunal denominado como el centro de integración ciudadana en el corregimiento de Puerto Venus, en los límites de los departamentos de Caldas y Antioquia.
Al parecer, junto a la entonces secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de la localidad, Stepfanie Soto Giraldo, se habrían saltado varios procesos trascendentales en la ejecución de la obra. De acuerdo con lo expuesto por el ente de control disciplinario, las decisiones que se tomaron desencadenaron, supuestamente, sobrecostos.
El material probatorio recopilado por los investigadores daría cuenta que el exmandatario suscribió las contrataciones sin contar con los estudios de suelos acordes a las exigencias técnicas de las normas de sismo resistencia, y sin tener presente la intervención de la vía que les daría acceso a las instalaciones localizadas en la zona rural de Nariño.
En consecuencia de las determinaciones que fueron tomadas hace más de ocho años, que también involucran a la persona que lideró la construcción en Puerto Venus, Marco Antonio Díaz Medida, se tuvieron que sumar a la cuenta del proyecto 259 millones de pesos de la cartera pública. Las conclusiones de la entidad son escandalosas.
“Como resultado del actuar del exmandatario, la entrega de esta edificación, prácticamente inoperante y con riesgos para las personas que realizan actividades deportivas allí, se habría realizado tres años después de terminada su administración, a pesar de que el plazo estaba proyectado en cuatro meses”, alegó la Procuraduría.
Mientras que, al resto de funcionarios, tanto la exsecretaria de Planeación como al interventor, se les cuestiona por la supuesta falta de seguimiento a los estudios de suelos que utilizaron para el diseño y la construcción del centro de integración ciudadana, trámite indispensable que se debe cumplir para alzar construcciones en el país.
En la lista de preguntas que plantea el máximo órgano del Ministerio Público, y que deberán responder, aparece la presunta falta de verificación para que las excavaciones se hicieran con la profundidad requerida por el terreno, con medidas que ajustadas a las normas vigentes y con las especificaciones de la obra que se planeaba construir.
Todo este escenario llevó a la Procuraduría a poner sobre la mesa las supuestas irregularidades que se habrían cometido en el municipio de Nariño. Con base en los elementos recopilados, se sospecha que las tres personas procesadas habrían desconocido los principios de economía, planeación y eficiencia, que rigen la contratación.
Finalmente, frente a este capítulo, los funcionarios del ente de control disciplinario que ponen la lupa sobre las gestiones de los pueblos del oriente antioqueño adjetivaron las conductas del entonces mandatario, Antonio Arraut Bustamante, como gravísima a título de dolo, mientras que los dos restantes como gravísimas a título de culpa gravísima.
Estos mismos investigadores tienen a cargo los estudios contra el exalcalde de Rionegro y hoy precandidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de transporte público del municipio lo tienen en la mira de las autoridades.
Además del político del oriente antioqueño, la lupa también se fijó sobre las gestiones que adelantaron en los mismos trámites dos de sus funcionarias: la exsecretaria de Desarrollo Territorial, Ana María Mejía Bernal; y la entonces subsecretaria de Planeación y Supervisión de Rionegro, Jaquelín Restrepo Pineda.