La Contraloría de Medellín recibió una denuncia por presunto detrimento patrimonial contra la administración distrital por la instalación de vallas publicitarias con un cuestionado mensaje donde se resalta la gestión de Daniel Quintero Calle.
La queja fue puesta por el exsecretario de Seguridad de la capital de Antioquia y precandidato a las elecciones locales, Andrés Tobón Villada, quien puso a consideración del ente de control las supuestas irregularidades que se habrían cometido en el camino.
La Secretaría de Comunicaciones colgó en varios puntos de la ciudad dos renglones donde dio por hecho que el mandatario “congelará la tarifa de los servicios públicos”. Entre el 25 de febrero y el 10 de marzo, se fijaron 250 pasacalles con la misma información.
En respuesta a un derecho de petición, la administración indicó que esta campaña de publicidad costó $73.780.000. Ahora bien, en la denuncia se cuestionó el presunto uso de recursos públicos para multiplicar información que, supuestamente, sería errónea.
Tobón Villada justificó ante la Contraloría de la ciudad que “la tarifa de los servicios públicos domiciliarios no se ha congelado, incluso, en algunos sectores viene aumentando considerablemente, lo que va en contravía a lo expresado por el señor alcalde”. Sin embargo, ese no fue el sentido de la comunicación.
Más abajo sugirió que el plan estratégico de comunicaciones debe estar enfocado en brindar información a la ciudadanía sobre la gestión y los logros, incluso, como un ejercicio de rendición de cuentas con parámetros básicos que habrían sido violados.
Así lo anunció el exfuncionario: “Es entendible siempre y cuando lo que se comunica sea eficaz, eficiente, verídico y real”. Ahí estaría la piedra en el zapato que le pidió analizar al ente de control porque se habría protagonizado un daño patrimonial al Estado.
“En este caso, la administración distrital incurrió en gastos de recursos públicos comunicando información errónea y falsa”, agregó el precandidato. En efecto, solicitó analizar el proceso de responsabilidad fiscal que habría en esta contratación. La Alcaldía respondió que no hubo datos incorrectos y lo engañoso sería la denuncia de Tobón.
De manera especial, él pidió evaluar el manejo que le dio el alcalde Daniel Quintero Calle a la situación o el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux Trujillo. Sobre la mesa están los $73.780.000 que se usaron para promocionar las gestiones del mandatario distrital.
Ahora bien, las vallas se colgaron cuando la Alcaldía le propuso al presidente Gustavo Petro, cuando tomó el control de la Creg, congelar las tarifas de los servicios públicos en los departamentos donde opera Empresas Públicas de Medellín para mejorar el bolsillo.
Esto beneficiaría a Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta. Sin embargo, la primera posibilidad se cayó cuando el Consejo de Estado dijo que Petro no se podía tomar la regulación.
Quintero Calle empezó diciendo que los gobernantes no pueden dormir tranquilos desde hace tiempo por el encarecimiento que ha tenido la vida. Los productos de la canasta básica familiar están disparados y acceder a los servicios es cada vez es más duro.
“Mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar al fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres”, anunció el mandatario en la comunicación enviada a Petro.
Luego le planteó que un fragmento de la inquietud de los colombianos podría ser resuelta con el entonces decreto presidencial expedido el 16 de febrero, en el que la Presidencia asumió las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero lo tumbaron.
Después del fallido procedimiento ante la Casa de Nariño, él insistió en la propuesta ante la Creg que, desde entonces, no emite ‘humo blanco’ sobre la iniciativa que promovió Empresas Públicas de Medellín.