Los hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se hacen llamar los ilegales del Clan del Golfo, serían los responsables del secuestro de dos líderes sociales en el municipio de Remedios, Antioquia. A través de un comunicado, el gobierno de Gustavo Petro les envió un duro mensaje donde les pidió coherencia.

De acuerdo con la información suministrada por los habitantes de la vereda El Carmen de esta población del nordeste antioqueño, la pareja de esposos iba de regreso a su casa cuando fue detenida en un retén ilegal de esa organización armada. Horas después, apareció el cadáver de Lenin Guerra Castro sobre la carretera donde se pasea las AGC.

Su compañera sentimental, Yuliana Galeano Luján, fue liberada ante el clamor de sus vecinos, quienes iniciaron las labores de rescate por las parcelas que fueron adecuadas como un de campo de batalla por el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para definir a muerte quién toma la posesión del territorio.

Este crimen fue motivo de rechazo por parte de la Organización de Naciones Unidas y las embajadas de Noruega, Canadá y Suecia. También la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un día más tarde del secuestro que agudizó la crisis de seguridad que hay en Antioquia, envió un mensaje de solidaridad para las familias afectadas y otro a las AGC.

“Lamentamos profundamente el asesinato del líder social Lenin Guerra Castro y la desaparición de su pareja, Yuliana Galeano Luján, quien horas después fue dejada en libertad. Rechazamos esta nueva actuación de las AGC contra los civiles”, se empieza a leer en un documento que contiene 17 renglones.

Luego mostró apoyo con los habitantes de esta subregión del departamento que llevan más de 30 años viviendo entre las balas. Precisamente, las víctimas de este crimen lideraron en la primera semana de agosto un refugio humanitario en las montañas de Remedios para llamar la atención de las autoridades ante el olvido que están condenados.

Más abajo llegó el jalón de orejas para los supuestos protagonistas de la retención y homicidio del líder social, quienes mostraron la intención de sentarse a negociar su transición de la ilegalidad a la legalidad tras el anuncio de Gustavo Petro de alcanzar una paz total con los grupos armados que hacen estragos en Colombia.

En la lista aparecen el Clan del Golfo y el ELN, los mismos que mantienen contra la espada y la pared a los campesinos de Remedios y Segovia, donde ambas organizaciones se disputan el control territorial para adueñarse de las economías delincuenciales que prosperan en la región: minería y producción a gran escala de estupefacientes.

“Apelamos a las AGC, a quienes se atribuye por fuentes locales la comisión de este daño irreparable y delitos contra la vida y la libertad, a actuar en coherencia con su anuncio público de un cese de fuegos desde el pasado 7 de agosto”, hecho oficial por medio de un comunicado que marcaron con el cruce de armas que los identifica.

El alto comisionado para la Paz también lanzó un ultimátum donde planteó que pueden hacer parte de la propuesta de país siempre y cuando se respete los derechos de las víctimas y las garantías jurídicas para sus vidas. Finalmente, les pidió que consideren los clamores que emiten las personas que padecen su conducta criminal.

“La generosidad de los habitantes territoriales de priorizar el diálogo para buscar salidas a las violencias es su clamor, escuchen. La voz de ellas es el faro de la paz total, nunca ignores esa voz, en el breve tiempo que la vida nos concede para construir un país diferente, de alegría, libertades, oportunidades para todos y todas”, concluyó el Gobierno.