La economía de la región está amenazada por el paro que adelantan mineros informales sobre la Troncal de Occidente en el Bajo Cauca antioqueño. Así lo definieron los gremios que acogen a los empresarios del departamento a razón de que las operaciones hacia las ciudades del Atlántico y el centro del país operan parcialmente por los cierres.

Este importante corredor vial está bloqueado con material vegetal, llantas y cadenas humanas desde el pasado 21 de septiembre como retaliación por las operaciones que ha adelantado la Fuerza Pública contra la minería ilegal en esta subregión del departamento. En ocho meses, el Ejército incautó cerca de 184 dragas y 47 retroexcavadoras.

Los primeros en levantar la mano de preocupación fueron los agremiados de la Asociación de Transportadores de Cargas (ATC) que suman más de 1.500 millones de pérdidas. Al menos 1.200 carros quedaron atrapados en la protesta con el material que debían distribuir en las ciudades esta semana: alimentos, animales y equipos.

Ellos han sido víctimas de saqueos. En varios videos se observa a las personas abalanzarse sobre los vehículos para mercar con lo que no les corresponde. A pesar de los incidentes, la Fuerza Pública no está autorizada para meter las manos en la manifestación dado que están sujetos a las instrucciones que determine el Gobierno nacional.

Frente a este escenario, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera les pidió a las autoridades acciones contundentes para blindar la integridad física y el negocio de los conductores que están en medio de la emergencia social que se despertó en los habitantes de los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá.

“Es difícil y muy costoso conseguir alimentación, los conductores están durmiendo en sus vehículos, no hay acceso a baños y adicionalmente el día de hoy ya se tienen reportes de saqueos de algunos vehículos en la zona, lo que agudiza la problemática para nuestro sector”, manifestó Nidia Hernández, presidente de la Federación de conductores.

De acuerdo con los cálculos del grupo Defencarga, en los últimos días se han dejado de transportar 320 mil toneladas de mercancía. Si bien hay vías alternas que facilitan la movilización entre Medellín y las poblaciones de la costa Atlántica, los costos se multiplican y las fuertes precipitaciones amenazan la estabilidad de los corredores.

Mientras que Intergremial Antioquia, que cobija a 35 gremios del departamento, le solicitó al Gobierno nacional la intervención inmediata del corredor entre Caucasia y Cáceres. “Este grave bloqueo ilegal que sufre Antioquia y el país se tiene que levantar en defensa de los derechos de todos”, anunció este grupo empresarial de la región.

Ahora bien, las diferencias que hoy tienen a los mineros en las calles serán tramitadas con el Gobierno nacional, luego de que las administraciones municipales no pudieran alcanzar acuerdos con los protestantes porque los pedidos se les salían de las manos. En palabras de los mandatarios, los únicos que pueden resolverlas son los funcionarios de la Casa de Nariño.

La conversación será liderada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Alfonso Prada e Irene Vélez. Ellos podrían trasladarse en las próximas horas hacia las poblaciones de Caucasia y Cáceres para armar una mesa de resolución con las personas que están bloqueado la Troncal de Occidente.

Sin embargo, luego de que se registraran saqueos y la muerte de un menor de edad por los cierres en las vías, la Gobernación de Antioquia le pidió al Ministerio de Defensa que tomara acciones continentes para retomar el control del orden público en el Bajo Cauca, zona minada por los grupos armados, como el Clan del Golfo y Los Caparros.